Además de la oposición absoluta de Acción Nacional (PAN) y de resistencias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el proyecto de reforma hacendaria enfrenta una nube de cabilderos.

 

En estos los hay de todos los tipos: representantes de organismos empresariales inconformes con algunas medidas, grandes consorcios en busca de mantener sus prerrogativas, trasnacionales que usan su fuerza para llevarse beneficios.

 

Su acción es más intensa en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa es analizada en la Comisión de Hacienda presidida por el zacatecano José Isabel Trejo, pero se extiende a otros ámbitos del Congreso de la Unión.

 

Buscan a los coordinadores parlamentarios o presidentes de comisiones en aras de su influencia ante quienes revistan, corrigen o redactan enmiendas, e inclusive ya se han apersonado en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, a cargo del veracruzano José Yunes.

 

Al menos 252 gestores han comparecido para, con el respaldo de grandes grupos u organizaciones empresariales y sociales, intentar cambiar las intenciones suscritas por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda y Crédito Público.

 

Es un proceso tradicional y, diríase, legal.

 

Oficialmente están registrados ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados y son conocidos como cabilderos (lobbying). En la lista resaltan 32 asociaciones, 25 cámaras, ocho consejos, seis fundaciones, cinco consultorías, cuatro confederaciones, tres institutos, dos federaciones, dos centrales y 165 despachos, entre empresas y personas físicas.

 

Están representadas firmas como la tabacalera Philip Morris, los auditores de PricewaterhouseCoopers, Bayer, Monsanto, Cargill –algunas de ellos a través de la Asociación Mexicana de Semilleros–, Grupo Modeloy  Jugos del Valle, entre otras muchos más.

 

Una cuarentena de ellos han logrado llegar hasta las dos comisiones donde se actualmente se revisa el proyecto del gobierno: la de Hacienda y Crédito Público, dirigida por José Isabel Trejo, y la de Economía, presidida por Mario Sánchez Ruiz.

 

Ambos son panistas y, en línea con su partido y su dirigente Gustavo Madero, inconformes con el plan fiscal que, al decir del priísmo, pretende hacer un esquema más justo, ágil y gravar a quienes más perciben, al tiempo que se beneficia a los causantes de bajo rango y a la población desvalida.

 

Riesgos de corrupción

 

La presencia de estos cabilderos es criticada por estudiosos y observadores porque, en su actuación, ven el riesgo de corrupción y soborno.

 

Hay casos con registro: El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) documentó en octubre de 2010 cómo las tabacaleras  invitaron a varios legisladores a viajes internacionales mientras se estudiaba incrementar los impuestos a la industria del cigarro.

 

Hay otras prácticas, según el estudio del CIDE: pago de campañas electorales, entrega de dinero, beneficios económicos e invitaciones al extranjero so pretexto de estudios para conocer otros mercados.

 

Del tema se ha ocupado la investigadora Magdalena Aguilar, integrante de la Red de Investigadores Parlamentarios, quien apunta:

 

“Se desintegran fácilmente cuando la idea y la práctica misma del cabildeo se entremezclan con percepciones como las de corrupción, soborno, coyotaje, ausencia de rendición de cuentas, opacidad o, inclusive, ilegalidad”.

 

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, sostuvo que esta figura “está en el libre juego del mercado, seguramente hay corrupción, compra de votos, ofrecimiento de viajes, dinero.

 

Todo eso se maneja en la opacidad, nadie sabe con quién se reúnen, qué ofrecen o qué otorgan. Son muy eficaces, sobre todo cuando se trata de comida chatarra, bebidas y telefonía”, resaltó el legislador zacatecano.

 

Por su parte, tanto representantes de la Coparmex, del Centro de Estudios del Sector Privado, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, entre otros, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que les sean aplicados nuevos impuestos y retribuciones al erario en el mismo palacio de San Lázaro. (Con información de Víctor Rodríguez)

 

ANTECEDENTES

 

En noviembre de 2005 el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) hizo pública una denuncia en la que incluyó a legisladores del PRI, PRD y hasta de su mismo partido por haber aceptado viajes de una empresa tabacalera, a cambio de votar contra un impuesto a los cigarros.

 

Según Toscano, los viajes internacionales fueron distribuidos por la firma American British Tabaco y recibidos por al menos once legisladores de los tres principales partidos políticos a quienes retó en exhibir sus pasaportes para demostrar sus salidas del país.