Los detenidos en mayo por el secuestro de dos sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani sí estaban vinculadas a la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, igual que el Ejército Popular Revolucionario (EPR); ambos operaban en la capital del país concluyeron las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque los detalles de esa averiguación fueron reservados y en su momento, sólo se anunció la consignación de los involucrados, el Primer Informe de Labores de la PGR revelado este fin de semana da un resumen del caso, considerado como uno de los logros en el combate al secuestro.
La dependencia definió que los responsables conformaban una “organización delictiva vinculada al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a algunos elementos de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”.
Y enlistó los nombres de los involucrados: Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Juvenal Nedani Pineda y/o Damián Gallardo Martínez, David Vargas Araujo, Luis Gutiérrez Saldivar y/o Leonel Manzano Sosa.
También Alberto Sandoval Rodríguez, Alejandra Chávez Chávez, Faustino Diego, José Ambrosio Martínez, Alejandro Sandoval Martínez, Enrique Guerrero Aviña y/o Mario Alberto Gutiérrez Torres y Martín Colmenares Méndez.
Estas personas, agrega el informe, secuestraron por 140 días a dos menores de edad y violaron la ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, por lo que se procedió penalmente en su. Letra el pasado 22 de mayo.
La PGR además confirmó que se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de estas personas por un secuestro realizado en el DF un año antes.
“Al grupo delictivo se le aseguró 748 mil pesos , además de propagandas e grupos subversivos como el EPR”, concluye la Procuraduría en su descripción del caso.
En mayo, durante el tiempo en que varias de estas personas estuvieron declarando ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la sección 22 de la CNTE realizó manifestaciones en el exterior de esa dependencia para exigir la liberación de sus compañeros.
Las protestas fueron encabezadas por el mismo dirigente de dicha sección 22, Rubén Núñez, quien acusó que la detención de varios compañeros suyos, entre ellos Lauro Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, y Damián Gallardo, era un acto de represalia por las protestas que llevaba a cabo.
“No vamos a permitir que nos intimiden con estos actos, la protesta social va a continuar, lamentablemente (las detenciones) esto se dio muy rápido (…) ya asumimos la defensa de nuestros compañeros pero seguiremos con nuestras movilizaciones también”, declaró el dirigente magisterial ene se momento.
Después, los defensores acusaron a la PGR de querer vincular a los maestros con la guerrilla, y sostuvieron que el Ministerio Público los presionaba para que declararan sobre conexiones y líderes del EPR.
El 22 de mayo la PGR sostuvo en un comunicado que “carecían de fundamentos” los señalamientos respecto a que estas personas habían actuado dirigidas por alguna organización de “cualquier índole” y dijo que había pruebas contra los involucrados.
Seguimiento a grupos subversivos
La PGR explicó en el informe que el gobierno federal mantiene un seguimiento constante del desplazamiento que realizan grupos subversivos en el país.
Esto se realiza a través del denominado Grupo de Atención a Grupos Subversivos que es encabezado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y en el que participan el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la PGR.
Los resultados de este grupo de análisis y las acciones que se ponen en marcha están bajo reserva.
Caso Gordillo: célula criminal en la SNTE
Para detallar los logros en el tema de combate al lavado de dinero, la PGR expuso como su principal resultado la consignación de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, y dos de sus posibles cómplices, por el desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Al resumir la indagatoria, la dependencia señaló que ” se logró desarticular una célula criminal de diversos miembros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desviaban y disponían de los recursos del mismo, para un fin distinto a los destinado”.
Cuando se elaboró este informe, aún no se daba a conocer el amparo concedido a Gordillo y los co-acusados, por presuntas fallas de procedimiento en la integración del expediente.
La PGR también destacó el caso del empresario Enrique Haro Villarreal, quien actualmente se encuentra bajo proceso por lavado de dinero y preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, en Hermosillo, Sonora.
La detención, como 24 HORAS lo publicó la semana pasada, fue gracias a las investigaciones que impulsaron los padres de un ingeniero de la planta de ICA Flúor en Monclova, quien fue secuestrado por una célula de Los Zetas con la que estaba conectado Haro.