Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron hoy el uso desmedido de la fuerza policial durante la marcha celebrada este miércoles en la capital mexicana para conmemorar la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

 

“Tenemos documentadas todas las violaciones que se dieron y esperamos que haya sanciones para los responsables”, dijo en rueda de prensa el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.

 

La marcha transcurrió sin una violencia generalizada, pero hubo algunos choques que fueron atribuidos a grupos de anarquistas encapuchados.

 

Los enfrentamientos dejaron decenas de heridos, entre ellos 32 agentes, y casi un centenar de detenidos, según la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que dijo haber actuado “con estricto apego a la normatividad aplicable respectiva para contención de multitudes”.

 

Los activistas señalaron que en varias ocasiones se acreditó que los policías antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma e incluso piedras contra los manifestantes, algo contrario a cualquier protocolo que regule el uso de la fuerza.

 

Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, que realizó labores de observación, dijo que no se justificaba ningún tipo de violencia, pero que otra vez era necesario hablar “de defender libertades” y la legitimidad plena del derecho a la protesta en México.

 

Tras expresar el “reconocimiento y la solidaridad” con los policías heridos, consideró de extrema gravedad “que el Estado agreda a manifestantes”.

 

“Lo que vimos ayer fue claramente una Policía poco profesional” y “ausente de protocolos”, añadió el director de Artículo 19, que documentó 22 agresiones a periodistas y fotógrafos.

 

Dos de ellos, Gustavo Ruiz Lizárraga, de la Agencia Subversiones, y Pavel Alejandro Primo, de Multimedios Cronopios, fueron consignados hoy ante un juez penal como probables responsables de los delitos de ataques a la paz pública, precisó la ONG.

 

Según su recuento, el 90% de las agresiones contra comunicadores provinieron de los policías, y nada más un 10 % de los radicales que se infiltraron por momentos en la movilización.

 

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Prodh) sostuvo que cinco de sus activistas, que realizaban labores de observación, fueron violentados, y que dos de ellos fueron heridos por agentes.

 

“Condenamos con firmeza la violencia, cualquiera que sea su origen”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín.

 

Lamentó que en México continúe habiendo un “patrón de represión” que “se ha extendido también a periodistas, a defensores de derechos humanos y a toda persona que esté documentando la conducta de las autoridades”.

 

Además, los activistas señalaron que hubo personas vestidas de civil que realizaron detenciones arbitrarias y que, además, los agentes realizaron “actos de provocación”.

 

Amnistía Internacional (AI) expresó en un comunicado su “preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad” en un operativo que, en su opinión, incumplió los estándares internacionales.

 

En la nota, la agrupación también reconoce que “varios policías fueron objeto de violencia severa por parte de un grupo de manifestantes y que las autoridades tienen el deber de mantener el orden público y evitar actos de violencia”.