Infonavit, Fovissste, Conagua, Sedatu y gobiernos estatales podrían ser los encargados de interponer denuncias penales contra funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno que esté relacionado con la entrega de licencias de construcción en zonas de riesgos de Guerrero, situación que ha dejado 10 mil personas sin hogar y en espera de que el gobierno reconstruya sus viviendas después de los daños por los fenómenos naturales Ingrid y Manuel.

 

El último diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) indica que 9 mil 283 viviendas serán reconstruidas en al menos 18 entidades, ya que fueron totalmente destruidas o sufrieron graves daños por inundaciones.

 

El censo que recaba los daños en materia de vivienda e infraestructura urbana ha concluido en Colima, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Durango, Aguascalientes  y Coahuila.

 

Sin embargo, en las entidades más golpeadas por el mal clima –Veracruz, Guerrero y Michoacán- aún continúa el conteo de las afectaciones. Tan sólo en Guerrero se reportan 5 mil viviendas destrozadas y en Michoacán 723 familias tendrán que esperar a la reconstrucción de su vivienda.

 

Ante los severos perjuicios, las autoridades federales avanzan en la investigación para llegar a los responsables de otorgar licencias de construcción en zonas de riesgo, como fondos de arroyos, laderas de cerros y sobre todo riveras de ríos.

 

En entrevista a 24 HORAS, Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu y uno de los encargados de levantar el censo en el país, aseguró que el asunto de los graves daños en Guerrero es primordial. De hecho, la dependencia a su cargo es responsable de las investigaciones en materia de permisos y tenencia de la tierra.

 

Con los datos de la Sedatu y un dictamen que aún elabora la Comisión Nacional del Agua (Conagua), principalmente de las viviendas asentadas en Acapulco, se determinará cuáles fueron las irregularidades en contra de las disposiciones de construir en zonas de riesgo.

 

Concluido el análisis, agregó, las dependencias federales seguirán las líneas de investigación en torno a tres vertientes: qué autoridades y qué empresas intervinieron; con qué permisos contaban y qué autoridades los recibieron, si se apegaron a la normatividad o no; y finalmente si las autoridades que libraron estos permisos actuaron dentro de la normatividad o no.

 

“Primero tenemos que ver cuál es el carácter, si efectivamente hubo delitos, faltas administrativas, para saber a qué dependencias les corresponde interponer y sobre todo qué responsabilidad habrá de demandar. Entonces es imprescindible que terminen las revisiones que se están haciendo para saber exactamente cómo se va a proceder”, declaró el funcionario.

 

Después de los análisis de las condiciones bajo las que se otorgaron licencias de construcción en Acapulco y otras regiones de Guerrero, dependerá de la índole de las irregularidades para conocer qué autoridad será la encargada de levantar las denuncias.

 

“Depende, puede ser una instancia local, puede ser una instancia federal, pudiera serlo por ejemplo el Infonavit, el Fovissste, la Conagua, pero primero hay que determinar la índole de las irregularidades. O pudiera ser la Sedatu si se trata de una cuestión relativa con el suelo. El propio gobierno del estado podría fincar responsabilidades”, detalló Ramírez Marín.

 

Endurecen permisos

 

 

A partir de noviembre, los ayuntamientos serán obligados a firmar un convenio con la Sedatu para endurecer las reglas para otorgar permisos de construcción y evitar que se edifique en lugares no aptos para instalar viviendas.

 

Al celebrar ese acuerdo con la Sedatu, los alcaldes tendrán que verificar en el registro nacional de reservas territoriales si efectivamente la tierra es apta para desarrollar viviendas, de lo contrario tendrán que negar el permiso a los desarrolladores.

 

Según las normas de la Sedatu, este instrumento no existía para las autoridades municipales, pero el siguiente mes se introducirá un elemento adicional para librar esos permisos: haber verificado y obtenido de parte del registro la condición de que el uso de suelo es el adecuado para construir.

 

“Ese es una herramienta que la Sedatu puso primero a disposición de los desarrolladores de reservas para que inscriban la tierra en la que piensan instalar vivienda y obtener una calificación de si es apta o no apta según su cercanía a los servicios con que cuenta y por su puesto si está en una zona de riesgo o no”, detalló Ramírez Marín.

 

La Pintada

 

En la emergencia, Guerrero fue la entidad más golpeada. Sin embargo no solo las tormentas fueron las causantes de la tragedia.

 

Datos de la Sedatu revelan que de las 17 mil comunidades de Guerrero, más del 30% (alrededor de 9 mil) fueron construidas en zonas de riesgo, ya sea fondos de arroyos, laderas de cerros o sobre riveras de ríos, lo que ocasionó que más de 100 personas perdieran la vida tras la llegada de Ingrid y Manuel. De esas casi 9 mil comunidades, mil 040 están asentadas en Acapulco y mil 209 en Chilpancingo.

 

Un claro ejemplo fue la comunidad de La Pintada, en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde un deslave arrasó con una comunidad. Ahora, este pueblo será reubicado y prácticamente el gobierno federal se comprometió a construir una nueva Pintada.

 

Según el titular de la Sedatu, esta comunidad será reconstruida en una zona segura pero no alejada de donde está la  original en razón de que los habitantes se dedican al cultivo del café y la intención  es no alejarlos de su forma de vida.

 

Los pobladores actualmente se encuentran repartidos en tres albergues de Acapulco, Chilpancingo y Atoyac de Álvarez. No obstante, aún hay personas que fallecieron sepultadas por los más de 240 mil metros cúbicos de lodo.

 

“Es una condición muy importante, una zona segura pero que sea en los alrededores porque ellos allá tienen su forma de subsistencia, que son los sembradíos de café, no podemos llevarlos a ningún lugar lejano que los aleje de su forma de vida que es cultivar el café y venderlo”, concluyó Ramírez Marín.

 

DATOS

 

157

decesos

 

1,698,240

damnificados

 

25,868

viviendas afectadas

 

3,560

Escuelas afectadas

 

4

Presas en riesgo alto

 

77

ríos desbordados

 

138

carreteras federales afectadas

 

330

carreteras estatales afectadas

 

347

puentes colapsados

 

1,071

unidades médicas inhabilitadas.

 

29

declaratorias de emergencia se han hecho, que abarcan 361 municipios de 19 entidades de la República mexicana tras el paso de Ingrid y Manuel.

 

27

comités de Evaluación de Daños se instalaron para estimar el costo de las afectaciones; no obstante quedan por instalarse cuatro comités.