El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pedirá realizar servicios sociales en alternativa al arresto domiciliario con el que debe cumplir su condena por fraude fiscal, anunció hoy su abogado, Franco Coppi.

 

En declaraciones a medios locales, Coppi dio a conocer que la próxima semana será presentado de manera formal el pedido para que el ex jefe de gobierno realice trabajos sociales, cuya naturaleza aún deberá ser definida.

 

“Si no hay cambios depositaremos la solicitud”, afirmó el letrado.

 

La declaración fue hecha luego que el viernes la Junta de Elecciones e Inmunidad del Senado votó a favor de la expulsión de Berlusconi del Parlamento.

 

Para que esa decisión se vuelva ejecutiva, deberá ser ratificada por el Senado en un plazo de 20 días.

 

El ex primer ministro fue condenado en vía definitiva el pasado primero de agosto a cuatro años de cárcel por fraude fiscal en la compra venta de derechos televisivos de su empresa Mediaset.

 

Según la magistratura, Berlusconi desvió recursos evadidos al fisco para crear “fondos negros” en el extranjero, con los cuales pagaba sobornos.

 

Pero debido a que Berlusconi ya tiene 77 años de edad y a la ley del indulto, la pena en su contra se reduce a un año de reclusión, que puede ser conmutada con el arresto domiciliario o con la realización de servicio social.

 

Derrotado en su intento de hacer caer al gobierno de Enrico Letta y con su partido escindido, Il Cavaliere enfrenta el ocaso de su carrera política envuelto en varios procesos judiciales.

 

En junio pasado fue sentenciado en un tribunal de primera instancia a cinco años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ocupar puestos públicos por prostitución de menor y concusión.

 

Aunque sus abogados impugnarán ese veredicto, que para ser definitivo deberá esperar el tercer grado de juicio.

 

Sin embargo, hay otras causas judiciales, como el llamado proceso Ruby 3, en el que podría ser imputado por haber sobornado a decenas de mujeres que participaban en sus fiestas, a las que habría pagado para que no declararan en su contra.

 

Asimismo, el Tribunal de Nápoles analiza sentarlo en el banquillo de los acusados por presunto soborno de senadores, a los que habría pagado para que abandonaran en 2008 al gobierno de Romano Prodi.

 

Otro posible juicio contra Il Cavaliere correría a cargo del Tribunal de Bari, que indaga a un empresario que reclutaba prostitutas para sus fiestas y al que presuntamente también habría corrompido.