El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció las coincidencias en torno al análisis de la reforma hacendaria por parte de la iniciativa privada y el gobierno federal, pero se dijo preocupado porque “los temas pendientes aún son de gran calado y todavía sin avances definitivos de solución”.
Ante esta preocupación, el presidente del organismo empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que no basta con resolver detalles en la parte técnica.
“Se necesita mucha sensibilidad para reencauzar la reforma, de tal forma que sea coherente con la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo, en lugar de ser un factor recesivo, que nos restaría fuerza como país en términos de productividad y competitividad”, expuso en el documento semanal “La Voz del CCE”.
Llamó por ello a generar equilibrios y lograr acuerdos que produzcan alternativas viables que implican mayor crecimiento, finanzas públicas sólidas y bienestar para los mexicanos.
“El llamado que hacemos a los legisladores y a las autoridades hacendarias es a la sensibilidad con los retos económicos, que no se limitan a la necesidad de aumentar la recaudación”, expuso.
Dijo que otras reformas estructurales en la agenda pueden ser poderosos motores de expansión, como la de telecomunicaciones o una eventual reforma energética de fondo, potencial que se vería contrarrestado de manera significativa por una reforma hacendaria como la propuesta.
En el frente de competitividad, inversión y empleo, señaló que para no afectar gravemente al mercado interno, es preciso eliminar la proposición de golpes al poder adquisitivo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en colegiaturas.
Es factible actualizar la tarifa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas y aplicar la nueva tasa a salarios considerablemente altos, para realmente cumplir con el objetivo de progresividad.
Si no hay cambios, continúa, la afectación global a la percepción neta de un padre de familia con ingresos de entre 20 mil y 50 mil pesos al mes podría ser de 6.0 a 10 por ciento.
En ISR, el sector propone bajar la tasa corporativa y la de dividendos, porque en el esquema quedan en gran desventaja ante una tendencia mundial de disminución impositiva de 47 por ciento frente a otros países como Estados Unidos, donde la carga es de 35 por ciento, al igual que en la OCDE, que es de 28 por ciento.
En cuanto a la consolidación fiscal, pidió afinar el mecanismo alternativo y corregir el régimen de incorporación y mantener la deducción inmediata en inversiones.
La no deducibilidad parcial de prestaciones sociales y laborales, de pasar como está, tendrá repercusiones que pueden llegar al 8.0 por ciento en la tasa efectiva global para creación de empleos formales, además de limitar las estrategias concertadas entre trabajadores y empresas para elevar la productividad.
Para profesionistas, clase media y empresarios, destacó la limitación para deducir gastos anuales hasta 47 mil pesos o 10 por ciento.
En vivienda, “un sector que de por sí presenta un escenario muy complicado, es fundamental mantener tasa cero de IVA en compra, venta y renta, así como sobre intereses hipotecarios.
“Es necesario, asimismo, corregir aspectos de deducibilidad y acreditación de gastos. La iniciativa no afecta a la modalidad de interés social, pero sí de manera importante a la clase media”.
Sobre el impuesto al carbono, señaló que la reforma implicaría un incremento en las tarifas eléctricas de al menos 4.0 por ciento para la planta productiva; como contrapropuesta, sugirió acelerar el desliz del precio de las gasolinas.
Dijo que es preocupante la seguridad jurídica para los contribuyentes, porque hay omisiones, excesos y una notable falta de mecanismos de transición.
En su opinión, falta también resolver puntualmente los riesgos para múltiples sectores, como el asegurador, financiero, construcción, vivienda, automotriz, minero, bebidas, agropecuario, fronterizo y maquiladoras, entre otros, en muchos de estos casos, hay avances sustanciales con la autoridad.
Insistió en que los empresarios están de acuerdo en la orientación social de la reforma, pero hay que asegurarse de que funcione y sea viable y que esquemas como la pensión universal puedan financiarse a través del tiempo y no vulneren las finanzas públicas.