WASHINGTON.— El gobierno federal está impidiendo que un agente policial publique un libro sobre la fallida operación “Rápido y Furioso”, destinada a combatir el contrabando de armas, por temor a que afecte negativamente la moral, denunció el lunes la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles.
La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) teme que el libro, propuesto por un agente de dicha oficina, perjudique su relación con otras agencias policiales federales, precisó el organismo activista.
En una carta de seis páginas a Thomas Brandon, subdirector de la ATF, la ACLU (siglas en inglés de la Unión) dijo que la decisión de la agencia de bloquear el libro propuesto por el agente especial John Dodson constituía una violación a sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantizan la libertad para expresarse.
La ACLU describió a Dodson como un delator de ilegalidades.
Según la carta, la ATF rechazó la solicitud de Dodson de tratar de publicar un libro con su versión sobre el escándalo de la operación mencionada porque la agencia pronosticó que ejercería “un impacto negativo sobre la moral en (la división de campo en) Phoenix” y sobre la relación de la ATF con el FBI y el Departamento Estadounidense Antidrogas.
La ATF no respondió inmediatamente un pedido de declaraciones.
Un funcionario judicial federal dijo que el gobierno aún está considerando si Dodson puede publicar su libro propuesto, si no obtiene dinero por ello. El funcionario, quien pidió no ser identificado debido a que no está autorizado para hablar de un asunto de personal, dijo que la ley federal generalmente prohíbe a empleados de gobierno realizar labores externas que estén basadas en sus tareas oficiales.
El periódico Washington Times fue el primero en reportar la decisión de la ATF el lunes.
Dodson era agente en la oficina de Phoenix donde se manejaba la investigación Rápido y Furioso. Acudió al Congreso para dar detalles sobre la operación por la cual la ATF permitió que contrabandistas de armamento comprasen armas en la esperanza de rastrear su paradero y desbaratar bandas mexicanas de contrabando de armas. Por lo menos una de ellas fue hallada en el 2010 en el lugar donde murió a balazos el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en el sur de Arizona.
Después que se ventilaron públicamente revelaciones sobre la operación fallida, muchos altos funcionarios fueron reasignados, obligados a renunciar o a retirarse, incluso el entonces director interino Kenneth Melson.
En una declaración suministrada por la ACLU, Dodson justificó su libro.
“A fin de cuentas, tenemos derecho a saber y discutir sobre lo que las agencias policiales hacen en nuestro nombre”, afirmó.