Los senadores Javier Corral, Marcela Torres y Zoé Robledo enviaron a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que el impuesto al refresco y las bebidas azucaradas sea de 20% y no de 10%, como lo estableció el Ejecutivo en la propuesta de reforma hacendaria.
En el único artículo del documento se pide que los recursos recaudados se utilicen “para garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales, escuelas y espacios públicos, así como en la implementación de programas de prevención de la obesidad”.
De acuerdo con los diversos estudios que cita el texto, los senadores refirieron que la propuesta del Ejecutivo recaudará 12 mil millones de pesos, que representan 2.5 veces el presupuesto del Programa de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento Urbano de la Conagua, con lo que se podría llevar agua potable a escuelas y comunidades.
No obstante, la propuesta de los senadores y las organizaciones no gubernamentales señala que con la aplicación de 20% del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) se reduciría el consumo de refrescos por personas de 160 a 143 litros y se incrementaría el del agua si está disponible para la población.
La propuesta se da en el marco de una lucha entre las organizaciones civiles y la industria refresquera, quien acusó a las primeras de financiar las campañas de promoción del impuesto con recursos de la Fundación Bloomberg.
Incluso, la industria señaló a Marcela Torres de “atizar las aguas usando recursos económicos extranjeros”.