Las marchas y manifestaciones no necesitan ser legisladas pues ya cuentan con mecanismos y protocolos, los cuales deben ser regulados y aplicados con firmeza, afirmó el diputado local, Eduardo Santillán.
Durante su intervención en el foro “Derecho a Manifestación, Alcances y Limitaciones”, el perredista calificó de absurdo que se pida permiso a las autoridades locales a autorizar a los ciudadanos y organizaciones puedan manifestarse por cualquier motivo.
Aseguró que lo que la ciudad requiere es que una mayor coordinación entre las autoridades federales y locales, la creación de un protocolo de trabajo conjunto, el cual, debe contar con el aval de la Comisión de Derechos Humanos para garantizar que se protejan los derechos de los manifestantes.
Señaló que si bien las marchas provocan afectaciones viales y tráfico aseveró que al menos permiten la vialidad en un 95 por ciento y no dejan detenido a los automovilistas por tres o cuatro días.
Llamó a que las áreas de inteligencia de la ciudad y federal se tomen medidas contundentes en contra de los grupos de anarquistas que ponen y realizan hechos de violencia al margen de las organizaciones que convocan a marchas.
Entrevistado posterior al foro, Santillán adelantó que propondrá una iniciativa para que se agrave en un tercio las penas cuando los delitos se cometen por personas encapuchadas o con el rostro cubierto, así como los actos de lesionar o lastimar a un policía.
Recalcó que su fracción parlamentaria rechaza cualquier regulación o ley contra las marchas por falta de facultades de la Asamblea Legislativa.
En el tema de la instrumentación de los protocolos entre el gobierno local y federal, el asambleísta pidió que deben de garantizar el derecho de la libre manifestación, no reglamentar la autorización de las marchas pero aceptar la coordinación entre la secretarías de gobierno de los diferentes niveles de gobierno siempre y cuando sean marchas de temas de carácter federal.
Destacó que la creación de un protocolo se debe hacer de manera conjunta, entre la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, así como la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Pública Capitalina.
“Es distinta la marcha de vivienda que viene con el Jefe de Gobierno, a la marcha de Gobernación, ahí tienen que actuar de manera coordinada los cuerpos de seguridad”, dijo.
Detalló que estos protocolos no pueden ser plasmados como una ley porque implicaría legislar en materia de marchas, de las cuales la ALDF no tiene facultades de legislar sobre una garantía individual.
A pregunta expresa si se debe reformar otra vez el artículo 362 del Código Penal, el perredista explicó que dicho artículo es adecuado en los términos en los que está pues estaba desfasado el ataque a la paz pública con penas semejantes a las que se imponen como el delito de sabotaje y afirmó que su bancada sancionará con mayor severidad los hechos de violencia dentro de una manifestación.