EL CAIRO. Las autoridades egipcias no dan tregua a los Hermanos Musulmanes, que ayer fueron eliminados del registro de asociaciones civiles y ONG, en una maniobra que empuja a la cofradía de nuevo a la clandestinidad. En respuesta, ese colectivo islámico que apoyó al depuesto presidente Mohamed Mursi, ahora en prisión, condenaron esa medida pero le restaron importancia, aunque el vocero, Islam Taufiq, sostuvo que “el grupo ha funcionado durante 85 años sin ser una asociación registrada.

 

Hace dos semanas el gobierno interino del presidente Adli Mansur, quien llegó al poder por el respaldo del ejército, prohibió las actividades de la Hermandad Musulmana y congeló sus fondos. El lunes pasado, el Tribunal de Asuntos Urgentes recomendó la disolución del brazo político de esa agrupación, el Partido Libertad y Justicia (PLJ); y un día después les retiró el reconocimiento como organización no gubernamental, paraguas legal bajo el que operaban desde el pasado marzo.

 

Los Hermanos Musulmanes, acostumbrados a trabajar en la sombra, condenaron esta medida pero le restaron importancia porque, como dijo el portavoz de la cofradía, Islam Taufiq, “el grupo ha funcionado durante 85 años sin ser una asociación registrada”.

En una entrevista publicada por el diario “Al Masry al Youm”, el jefe del Ejército y “hombre fuerte” del país tras la destitución de Mursi de la presidencia, Abdel Fatah al Sisi, dijo que la cofradía no supo salir de la crisis política que sufría Egipto, y que durante su mandato “destruyó el país y dañó al islam”.

 

La decisión del gobierno se produce en cumplimiento del fallo del Tribunal de Asuntos Urgentes de El Cairo, órgano consultivo de El Cairo, dictaminó el pasado 23 de septiembre la prohibición de las actividades de los Hermanos Musulmanes y de cualquier grupo que derive o esté financiado por ellos.

 

Sin embargo, el propio Ejecutivo egipcio aseguró después que retrasaría la adopción de cualquier medida a la espera del fallo definitivo de la Justicia, que el próximo día 22 de octubre debe responder al recurso que presentó esa cofradía.

 

De acuerdo con un informe que hace un mes presentó el Ministerio de Solidaridad Social, la Hermandad ha infringido la ley de ONG. Entre las violaciones que se le imputan figura el uso de armas y el desarrollo de actividades políticas, de acuerdo con fuentes gubernamentales. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros revisó en su reunión del martes, la lista de las propiedades de la cofradía que figuran en la sentencia judicial de septiembre pasado.

 

Al respecto, el vocero del Ministerio de Solidaridad Social, Hani Mahana, aseguró que el dinero de la Hermandad ingresará a un fondo de su departamento si la reglamentación interna del grupo no establece su destino en caso de embargo.

 

Para el vocero de la Hermandad, esa medida gubernamental es “política” y en ningún caso judicial, y denota la “confusión y contradicciones” del gabinete. Taufiq reconoció que no esperaban la resolución, porque las autoridades habían anunciado que no adoptarían medidas hasta conocer el fallo definitivo de la justicia.

 

Aunque el cerco se estrecha cada vez más sobre los Hermanos Musulmanes, aseguran que su organización “obtiene su legitimidad de la calle egipcia” y que, pese a no estar registrados, “servían al pueblo y lo representaban en el Parlamento”.

 

El desafío

 

El pasado domingo, los islamistas lograron sacar a las calles a un número de seguidores mayor de lo habitual, un desafío que acabó con un baño de sangre con más de medio egipcias, en medio de gran tensión entre los estudiantes partidarios y detractores del depuesto presidente Mohamed Mursi.

 

Un amplio despliegue del ejército y de las fuerzas de seguridad recibió a los que secundaron la convocatoria de la Hermandad a manifestarse para condenar “la continuación de las masacres contra los egipcios”. En la Universidad de El Cairo, los accesos a la entrada principal del campus fueron cortados al tráfico por vehículos blindados, alambradas y agentes del orden, que intentaron acabar con cualquier conato de protestas.

 

Fundada en 1928 por Hasan el Bana, la cofradía fue ilegalizada en 1954 por Gamal Abdel Nasser, situación que se mantuvo, aunque con Hosni Mubarak fue semitolerada e incluso logró 88 escaños de candidatos que concurrieron como independientes en las elecciones legislativas de 2005. No fue hasta marzo pasado -Mohamed Mursi, uno de sus dirigentes, ocupaba la jefatura de Estado- cuando se constituyeron como organización no gubernamental.

 

El Ministerio de Sanidad egipcio elevó ayer a 57 muertos y 391 heridos el número de víctimas en los enfrentamientos del domingo pasado durante protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi. Las víctimas se registraron en las provincias de El Cairo, Alejandría (norte), Suez (este), Garbiya (norte), Minia (centro), Beni Suef (centro) y Asuán (sur), precisó el jefe del Departamento de Urgencias del Ministerio, Jaled al Jatib, a la agencia de noticias estatal Mena.

 

Movimiento Tamarrud va a elecciones

 

 

El movimiento Tamarrud (Rebelión), que impulsó las protestas que llevaron a la destitución en julio pasado de Mohamed Mursi de la presidencia de Egipto, anunció que participará en las próximas elecciones legislativas. Tamarrud también concurrirá en todas las circunscripciones para que “el nuevo Parlamento refleje la revolución” que -en su opinión- derrocó a Hosni Mubarak en febrero de 2011 e hizo lo mismo con el islamista Mohamed Mursi en julio.  El movimiento instigó las masivas protestas que desembocaron en la destitución de Mursi por parte del Ejército, que estableció una hoja de ruta para el proceso de transición que estipula la reforma de la Constitución y la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales.