Con Nuevo León como estado piloto, además de otros cinco que serán incluidos este mismo año, comenzaron a funcionar los Tribunales de Tratamiento de Adicciones, anunció el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián.

 

Tras encabezar una reunión de la Comisión Interinstitucional de Prevención Social de la Violencia, acompañado por el gobernador Mario Anguiano, refirió que este modelo es similar al que se maneja desde los años noventa en Estados Unidos, bajo la denominación de “Cortes de droga”.

 

“Este modelo consiste en que un primodelincuente que comete un delito no grave, bajo el influjo de una droga, en lugar de entrar a la cárcel para convertirse en esta escuela del crimen, se mantenga en libertad vigilado por un juez, y se comprometa a un proceso de rehabilitación”, explicó.

 

Al abundar, Campa Cifrián dijo que con ello se busca “que sólo vayan a la cárcel los que tengan realmente que estar en la cárcel”.

 

Añadió que como programa piloto se estableció ya en Monterrey, Nuevo León, pero que este mismo año podría ser replicado en por lo menos otros cinco estados, que serían los más avanzados en la reforma a la justicia penal, como son Estado de México, Chihuahua, Morelos, Durango y Distrito Federal.

 

“Estamos trabajando en estos modelos de justicia alternativa, que confío en que pronto los podamos tener en todo el país, pero los de este año son los que más avanzaron en el tema de la reforma a la justicia penal”, comentó Campa Cifrián.

 

En ese sentido, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) descartó que el nuevo modelo implique un mayor gasto para las entidades federativas, o la asignación de un mayor presupuesto.

 

“Con números en la mano, puedo garantizar que es mucho más barato un esquema como éste, con el sujeto en libertad, que el esquema que tenemos en este momento con el sujeto en prisión”, aseveró.

 

Admitió que será necesario modificar el esquema de justicia, lo que implica jueces, ministerios públicos, abogados defensores y una policía especializada, “lo que implicaría fortalecer el aparato de salud para que cuente con la capacidad de recibir a estas personas y rehabilitarlas eficazmente”.

 

Sin embargo, aseguró al respecto que “el cálculo de este costo es siempre menor al del esquema tradicional, es decir, lo que significa todo el mismo aparato de justicia más el gasto de tenerlo dentro de la cárcel, y el costo social”.

 

Antes, el subsecretario de Prevención encabezó la reunión de trabajo de la Comisión Interinstitucional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la que el gobernador Mario Anguiano dio a conocer el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

 

Posteriormente, Campa Cifrián sostuvo una reunión con mujeres y jóvenes beneficiarios de las primeras acciones del mencionado programa estatal contra la violencia y la delincuencia.