Una de cada tres hectáreas que 12 gobiernos de América Latina, Asia y África dan en concesión a empresas multinacionales para la explotación agrícola, forestal, industrial o minera, pertenecen a tierras de comunidad indígenas, alertó la organización mundial Iniciativa Derechos y Recursos.
El Proyecto Munden halló que el 31 por ciento de 153 millones de hectáreas concesionadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, por América Latina; Camerún, Liberia y Mozambique, en África, y Camboya, Indonesia, Malasia y Filipinas, en Asia, pertenecían a tierras indígenas.
De acuerdo con el estudio, el caso más grave ocurre en un país latinoamericano: Argentina, donde el 84 por ciento de las concesiones aprobadas a las multinacionales y destinadas al cultivo de soja, están en tierras que en otros años fueron de grupos indígenas.
En Chile, Colombia y Filipinas, se descubrió que el 30.5 por ciento de las zonas explotadas por empresas mineras les fueron arrebatadas a los indígenas. Si bien el análisis no incluye a México, quien también padece el problema de despojo de tierras como lo han denunciado en el caso Wirikuta.
Para Augusta Molnar, directora de la Iniciativa Derechos y Recursos, esta contraposiciónde multinacionales-grupos indígenas representa “un riesgo para los inversores que pueden perder su dinero, para los países que quedan expuestos a litigios y para los indígenas para quienes el riesgo es perder su sustento”.
Ya el escritor mexicano Emilio Abreu Gómez, algo había escrito sobre esta situación en su libro Canek, historia y leyenda de un héroe maya: “Los hombres blancos no saben de la tierra ni del mar ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar los maizales? ¿Qué saben si los peces ovan en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que producen la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal”.
El caso Wirikuta en México
Aunque no está incluido en el análisis, México arrastra varios conflictos indígenas desatados por las concesiones que el gobierno otorga a las empresas multinacionales para la explotación de hectáreas de propiedad comunal.
Un ejemplo es el caso de Wirikuta, ubicado en Real de Catorce, San Luis Potosí. La Secretaría de Economía otorgó 22 concesiones a mineras de la multinacional canadiense First Majestic Silver, para la explotación de plata en la tierra de origen del pueblo wixárica (huicholes), un territorio sagrado.
Lo de sagrado no es ningún invento, en 1999 Wirikuta fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos.
Las concesiones a la multinacional canadiense han despertado varias protestas y hasta la celebración de un concierto en el que participaron bandas como Caifanes, Café Tacuba y Calle 13, y cuya recaudación será destinada a diversos proyectos de la zona ubicada en San Luis Potosí y para continuar con la preservación del centro ceremonial.
First Majestic Silver pretende construir una carretera en Wirikuta para sacar su producción, ignorando que la zona es desde 1994 área natural protegida. La región abarca 140 mil 211 hectáreas de tierra de siete municipios de San Luis Potosí.
Organizaciones sociales han alertado que el proyecto minero tendrá consecuencias devastadoras para el pueblo wixárika y el medio ambiente; que los permisos otorgados por la Secretaría de Economía devendrán en la contaminación de ríos, la tierra y el aire.
No sólo eso, también amenazan la supervivencia de especies endémicas y en peligro de extinción, como el águila real.
Wirikuta cuenta con un plan de manejo de ley que establece la prohibición de actividades mineras en la mayor parte de la región, y en aquellas zonas en las que está permitida se asientan grandes restricciones como no realizar el vertido de desechos contaminantes o alterar los cursos de agua.
La violencia como ‘solución’
Augusta Molnar destacó ante la BBC Mundo el avance legislativo en América Latina en cuanto a los conflictos de la tenencia de la tierra, pero advirtió que esto no suele ser suficiente, pues muchas veces la ley no se aplica ante el despojo de tierras indígenas.
Alertó que las más de las veces los conflictos se saldan con represión policial o el surgimiento de grupos paramilitares que buscan acallar las demandas de las comunidades indígenas y ejemplos sobran.
En Matto Grosso del Sur, Brasil, estado fronterizo con Paraguay y Bolivia, 279 indígenas fueron asesinados entre 2003 y 2011 por conflictos surgidos a raíz del creciente valor de las tierras con el auge de los precios de materias primas.
“La solución es reconocer los derechos e invertir lo necesario en involucrar a las comunidades como un parte integral del diseño de un proyecto de inversión. Esto da más certeza a las empresas sobre la viabilidad y estabilidad de su inversión a largo plazo”, insistió Molnar.
“Hay dos tipos de conflictos. En algunos casos se trata de que la concesión está en territorio indígena. En otros que afecta la vida del pueblo indígena porque está muy cerca y perturba el suministro de agua, algo que pasa mucho con la inversión minera”.
“No es un tema que va a desaparecer como por arte de magia”, sentencia.