Diana pensó que después de un ajetreado día había extraviado su credencial de elector en el transporte público, caminando por la calle o quién sabe dónde. Lo que más tarde supo fue que no la perdió, alguien se la había robado y, con su información, un grupo de defraudadores compró 10 autos y pagó con cheques sin fondos.
Una mujer se hacía pasar por Diana, tenía su aspecto y su credencial, así que no le fue difícil cometer ilícitos por miles de pesos. Mientras, las autoridades buscaban a la verdadera Diana, quien tuvo la precaución de reportar el extravío ante el Instituto Federal Electoral y no fue inculpada.
Este caso de usurpación de identidad es uno entre muchos, y la modalidad varía entre el robo de credenciales y, sobre todo, de información a través de internet.
Falsas ofertas de empleo, páginas apócrifas, y solicitudes de “amigos” en las redes sociales, son los principales medios por los cuales una persona puede entregar su información a usurpadores que la utilizan para extorsionar o cometer algún ilícito.
“Uno mismo sube sus datos a internet. Son páginas simuladas, falsas, donde a veces se trata de solicitudes de empleo o algún crédito, caes en el engaño y proporcionas tus datos personales, luego la bajan y hacen mal uso de ella”, advirtió Oscar Montes de Oca, Subprocurador de Averiguación Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En entrevista para 24 HORAS, el funcionario afirmó que además de las redes sociales, los criminales suelen crear sitios con el único fin de robar datos personales y usurpar identidad.
“Se hacen pasar por ti, y con eso solicitan algún crédito, elaboran una tarjeta de crédito, hacen disposiciones, y hasta pueden vender tu casa. Pueden realizar cualquier tipo de fraude, por cualquier cantidad, todo dependen de qué tanta información tengan de ti, si es alguien conocido te va perjudicar en todo”, aseveró Montes de Oca.
Las personas más cercanas a las víctimas suelen ser quienes usurpan su identidad en la mayoría de los casos, advirtió el subprocurador. “Se da (el robo de identidad) entre familiares, amigos, socios, empleados, ya dependen de qué tanto acceso tienen a tu información privada y documental”, acusó.
Aunque resulta difícil ubicar el origen de donde se realizan los fraudes a través de la red, las demarcaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón concentran el mayor número de denuncias por usurpación de identidad.
Sobre una aparente tendencia a la baja, Montes de Oca, aseguró que se debe en gran medida a la prevención con la gente maneja su información personal.
“Hay que ser muy cuidadosos, acudir en persona y verificar la seguridad y seriedad de dónde haces una solicitud de empleo, de crédito. Incluso en la calle si te hacen una encuesta, checar a quién le estás dando qué tipo de información (…) Para esta gente (los delincuentes) con que tengas una tarjeta de crédito, que seas sujeto de crédito, o tengas antecedentes bancarios es suficiente para convertirte es su víctima”.
México es el tercer país de Latinoamérica con la mayor incidencia en este tipo de delito; Colombia la encabeza con 43%; Brasil en segundo sitio con 30%, México con 13% en el tercer puesto; y le sigue Chile con 5%.
Sobre la forma en que se persigue y castiga este delito, Montes de Oca, sostuvo que el delito autónomo de “usurpación de la identidad con fines ilícitos” está penalizado en el Artículo 211 bis del Código Penal del Distrito Federal.
Sin embargo, a principios del mes, el senador Mario Delgado Carrillo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de sancionar a las personas que por cualquier medio, se apoderen, usen o aprovechen de los datos personales, informaciones o documentos de personas físicas.
La ley local indica que se aplicará una multa de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa, a quien cometa el delito.
En la reforma propuesta por el senador Delgado Carrillo, se plantea el adicionar un párrafo al artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito (fracción , capitulo IV) para aplicar una sanción de tres meses a dos años de prisión, y de treinta a dos mil días de salario mínimo.
DATO
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averiguaciones se han abierto de enero a julio de 2013; en 2012 la PGJDF registró 67 casos similares.