Por encargo presidencial, el ayuntamiento de Acapulco prepara un desglose de los 94 permisos de construcción extendidos de 2002 a 2013 que involucran a dos ex gobernadores, cuatro ex alcaldes y varias dependencias federales.
El documento, en el que aparecen nombres de políticos y empresarios, como René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca, Félix Salgado Macedonio y Alberto López Rosas, así como del textilero José Kamel Nacif Borge, será presentado mañana a Enrique Peña Nieto.
El mandatario tiene programada otra gira más para visitar lugares destruidos, como La Pintada –“habrá otra Pintada más, pero sobre terrenos seguros”, promete el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín- o muy dañados como el centro de población Colosio y Renacimiento.
No hay orden de gobierno a salvo, señala el expediente a cargo del cuerpo edilicio presidido por Luis Walton, porque las construcciones se hicieron con la autorización, lenidad o corrupción de la Federación, el gobierno del estado o las cuatro administraciones acapulqueñas anteriores.
De manera sobresaliente son culpables los delegados de dos dependencias federales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su antecesora Sedue.
De ellas nacieron los permisos originales para construir cientos de hectáreas de terrenos agrícolas y humedales donde se asentaron fraccionamientos habitacionales, centros comerciales, hoteles, clubes de golf y hasta vivienda irregular. Luego, el estado y el municipio revalidaron la autorización o la tolerancia.
Responsables del desastre
En el expediente, parte del cual 24 HORAS pudo consultar, se da un dato: alrededor de 35% de la zona dañada –donde había cultivos, humedales y cauces- fue explotada por particulares, básicamente las empresas Geo, Homex, ARA y EVI.
Pero si el 65% tiene construcciones improvisadas, irregulares y precaristas, no es solo por pobreza y no escapa del botín político: quienes se asentaron ahí lo hicieron a ciencia y paciencia de los tres órdenes gubernamentales y liderados por activistas, básicamente de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
En la administración pública encontraron aceptación. En ella destacan los cabildos de las pasadas cuatro administraciones: Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve. Luis Walton asegura no haber dado un solo permiso.
El alcalde, quien arribó el 1 de octubre de 2012, declaró el jueves pasado a 24 HORAS que los regidores –seis de ellos están tienen decisión directa sobre los permisos- fueron el instrumento para cambiar el uso del suelo y violentar el plan de desarrollo elaborado para Acapulco y su zona metropolitana.
En la información conocida destaca otro dato: Promotora Turística del Estado de Guerrero (Protur), el organismo dedicado a urbanizar y comercializar terreno oficial, vendió en 2005 alrededor de 100 hectáreas a Acabados y Cortes Textiles, una sociedad anónima de capital variable con José Kamel Nacif Borge como accionista y administrador único.
Ese millón de metros cuadrados se remató, en tiempos del gobernador René Juárez Cisneros en la cantidad de 71 millones de pesos. Dos años después, en 2007, fue revendido en 95 millones. Más de 33% o 24 millones de ganancia sin invertir ni un centavo adicional.
Lo compró la filial de Casas Geo en Guerrero. Ahí se edificaron viviendas y cada metro ha alcanzado precios promedio de 85 dólares. Es decir, aquellos 71 millones se convirtieron en menos de ocho años en 85 millones de dólares o algo así como mil 100 millones de pesos al tipo de cambio actual.
Alistan denuncias penales
En el reporte se agregan las bitácoras de cada permiso a fin de que el presidente Enrique Peña Nieto sepa contra quién se podrá proceder y gire las instrucciones correspondientes. También se agregan las memorias del ayuntamiento de Acapulco sobre el desastre que siguió a las intensas lluvias de Manuel.
Hay datos impactantes. Uno: el río La Sabana tenía un cauce natural hasta la laguna de Tres Palos, con funciones de vaso regulador y, de ahí, continuaba hasta Barra Vieja. Hoy toda esa región, poblada con fraccionamientos de inmobiliarias famosas y precarismo, está devastada por las inundaciones.
Amén de la voracidad de fraccionadores y líderes vecinales, los gobiernos de 2002 a 2013 aportaron su propia barbaridad: construyeron el Viaducto Diamante y, en el curso de cauces y ríos, levantaron puentes con unos cuantos tubos –seis en promedio- de desagüe.
Al no poder permitir el paso de corrientes abundantes, se convirtieron en equivalentes a cortinas de presas y el agua alcanzó hasta 15 metros de altura. El río La Sabana llevaba muchísimo caudal –eso se habría evitado si se hubiese autorizado la construcción de la presa-, pero se multiplicó con los abundantes escurrimientos del cerro en la Zona conocida como El Veladero.
Hoy todo eso está deforestado.
DATO
35%
de la zona dañada en Acapulco–donde había cultivos, humedales y cauces- fue explotada por particulares, básicamente las empresas Geo, Homex, ARA y EVI.
Los culpables:
René Juárez Cisneros, ex gobernador
Zeferino Torreblanca ex gobernador
José Kamel Nacif Borge, empresario
Alberto López Rosas, ex alcalde
Félix Salgado Macedonio, ex alcalde
Manuel Añorve, ex alcalde