Legisladores federales expresaron su rechazo a los actos de violencia suscitados este lunes en Cancún, Quintana Roo, entre policías y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al inconformarse con la reforma educativa.
Graciela Saldaña Fraire (PRD) responsabilizó de los incidentes al gobierno municipal que encabeza Paul Carrillo de Cáceres y al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y los calificó como una “brutalidad”.
Comentó que además de los 60 heridos, 70 detenidos y algunos desaparecidos, las autoridades han girado órdenes de aprehensión contra algunos de los profesores disidentes.
“Hacemos responsables al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y al gobernador (Roberto Borge) de estos actos, y también si algo les sucede a los compañeros del PRD, ex regidores y ex diputados”, dijo.
En compañía del legislador Carlos Reyes Gámiz, del presidente del comité municipal del PRD en Benito Juárez, Salvador Diego Alarcón, y de la regidora Nadia Santillán, entre otros legisladores de su fracción parlamentaria, Saldaña Fraire reiteró su rechazo a los actos violentos contra los docentes.
Los maestros de la CNTE se manifestaron ayer en el palacio municipal de Benito Juárez (Cancún), luego que se anunciara que el gobierno estatal preparaba despidos masivos por el paro de labores que realizan los maestros.
Por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el pago que se haga a los maestros, que iniciaron este lunes el ciclo escolar, podría implicar responsabilidades a los servidores públicos.
“Advertimos con toda claridad, que cualquier pago que se haga a los maestros, contraviniendo los establecido en las leyes que aquí hemos aprobado puede implicar responsabilidades, concretamente sanción económica resarcitoria”, dijo.
Precisó que la sanción económica resarcitoria implica que en su momento, se podría obligar al funcionario público que realizó los pagos, a devolver el dinero, si se comprueba que se contravinieron las nuevas leyes educativas.
Indicó que le corresponderá hacer este análisis a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien por ley, tiene que auditar los recursos federales que utilizan las entidades del país.
“La ASF está obligada por ley a auditar los recursos federales, estos recursos con que se paga a los maestros provienen de fondos federales”, aclaró.