Hace cuatro años el gobierno federal y los estados definieron como Programa de Prioridad Nacional la creación, en cada entidad, de Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS), para ello se destinaron más de 700 millones de pesos. Aún no están listas, carecen de dinero y personal suficiente y entrenado, pero este delito ya alcanza niveles históricos en el país.
En 2009 se definió la implementación de las UECS y un año después, en noviembre del 2010, la ley oficializó su existencia en todos los estados, con policías, peritos, agentes del MP y técnicos especializados, para investigar y combatir los plagios.
Sin embargo, la semana pasada, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, anunció ante los senadores que se trabajaba en la “implementación y fortalecimiento” de estas unidades, tras reconocer que los índices de incidencia sobre secuestro habían tenido un repunte.
Las oficinas ya están, pero la falta de capacitación de los policías que integran las UECS en el país, junto con la carencia de recursos destinados para su combate en algunas entidades y municipios, impiden frenar este delito, reconoció Monte Alejandro Rubido García, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNPS).
“Todas las unidades antisecuestro están instaladas en el país, pero con capacidades diferenciadas. La idea es que cada unidad tenga sus propias instalaciones, su propio equipamiento, sus peritos, y no necesariamente se ha logrado esto pero se está avanzando”, sostuvo el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Y es que esas unidades, dijo Rubido García, deben contar con habilidades especiales que les permitan controlar la situación, tratar con las víctimas, negociar con los plagiarios, investigar y detener a los responsables.
Es por eso, dijo, que “estamos ante un gran reto para homologar las capacidades de las unidades especializadas en combatir este tipo de delitos”.
Ninguna Unidad al 100
El último avance oficial publicado sobre la conformación de estas unidades por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a 2012, indicaba que ninguna entidad federativa había completado al cien por ciento la conformación de estas unidades.
Incluso había al menos doce estados que no superaban ni 60% en el grado de conformación de sus unidades. El personal capacitado en todo el país era de mil 311 servidores de los cuales 168 no estaban aprobados, entre ellos titulares de 4 unidades. Con estos números, en promedio, habría 40 agentes disponibles para investigar secuestros en cada estado.
Pero activistas como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, advirtieron que ninguna unidad opera al cien por ciento, y que en la mayoría de los casos se trata de “simulaciones”.
El diputado federal Guillermo Anaya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, reveló que en lo que va del año no han recibido información sobre la conformación de estas unidades. “Hay un problema serio de transparencia, un completo retroceso”, apuntó.
Visitas sorpresa
Miranda de Wallace advirtió que la conformación de estas unidades “es una simulación”, pues los avances que se informaron no correspondían a la realidad.
“Ni siquiera esos avances que hay en papel corresponden a la realidad, nosotros hemos hecho las supervisiones y es muy distinto lo que uno encuentra en el terreno. El cambio de gobierno en muchas entidades vino también a dar al traste con avances que ya se tenían”, señaló en entrevista.
Por ejemplo, relató, su personal hizo una visita de verificación a la UECS de Tamaulipas, estado que este año encabeza la lista de plagios y se toparon con múltiples deficiencias y falta de cumplimiento sobre lo que deben contener estas unidades.
Las instalaciones de esa unidad sólo tiene techos de lámina, no hay barda perimetral de protección, no hay estacionamientos, apenas un vigilante se encarga de restringir el acceso, no tiene vehículos blindados, no hay equipamiento tecnológico, no hay conexión directa con Plataforma México y no tienen protocolo de atención a víctimas.
Otra visita sorpresa que su organización llevó a cabo fue a la UECS de Nayarit, donde descubrieron que en realidad se trata únicamente de dos oficinas dentro de la misma Procuraduría, que ni siquiera están separadas del edificio central y no cuentan con personal especializado.
El Distrito Federal, agregó Wallace, sí hay instalaciones, pero se detectó que no se ha respetado el acuerdo de permanencia del personal y hay una rotación constante.
Para su organización Alto al Secuestro, solo Puebla, Nuevo León y Chihuahua tienen un avance por encima de 90% en la conformación de estas unidades.
El diputado Guillermo Anaya advirtió que de nada sirve contar con las UECS, si sólo son “elefantes blancos”.
“Es importante que estas unidades no sean elefantes blancos sino que estén funcionando como lo indica la ley las 24 horas (…) no se debe descuidar las unidades y los elementos de inteligencia para atacar este delito que en muchas regiones de nuestro país ha venido en aumento preocupantemente”, indicó.
El diputado también advirtió la falta de transparencia del Gobierno federal, pues dijo que a lo largo del 2013 no han podido contar con la información actualizada, respecto al avance en la conformación de estas unidades.
Válidas cifras del INEGI
Sobre la notable diferencia entre las cifras de plagios registradas en el SNSP en comparación con las dadas a conocer hace unas semanas por la encuesta del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI), Rubido García precisó que ambas son mediciones válidas, pero cuentan con una lógica distinta.
Sin embargo reveló que se encuentran en pláticas con el INEGI para contar con todas las precisiones sobre las diferencias centrales.
“El INEGI mete secuestros exprese, secuestro virtual, tentativa de secuestro consumado o no, tentativa de engaño telefónico. Si revisamos la metodología es pertinente y adecuada para medir lo que ellos están midiendo por eso la diferencia tan amplia. Nosotros reportamos, el número de denuncias de secuestro con el que cuenta cada uno de las procuradurías del país, entonces es cifra dura con base, en cada denuncia”, sostuvo.
Sin embargo, las cifras dadas a conocer por el INGI, con más de 105 mil secuestros cometidos en el territorio, por lo que colocan a México como el país con mayor número de secuestros en el mundo.
Al referirse al crecimiento en este delito, Rubido García dijo que se debe a un mayor número de denuncias y que más organizaciones “migran” a este delito para tener acceso a dinero fácil y rápido.
“Sí hay un crecimiento en el delito de secuestro. En esto hay dos factores que hay que considerar. Uno: hay más denuncia, porque las Unidades Antisecuestro en los estados ha generado que la ciudadanía tenga más confianza para denunciar, antes las víctimas negociaban directamente con los plagiarios. Y otro factor importante es que conforme se está pegando a las bandas de delincuencia organizada, éstas, para pagar nómina y todos los gastos que tienen, migran a otra actividad delictiva, que es cuando se meten al secuestro y a la extorsión”, apuntó Rubido García.
Oficinas de papel
En el 2009 se expidió un decreto a través del cual los estados y la federación acordaron la creación de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS). La creación de dichas unidades se formalizó con la expedición, el 30 de noviembre del 2010, de La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
El artículo 41 de esa legislación estableció que las Unidades debían contar con agentes del Ministerio Público, policías, peritos y técnicos especializados en temas de secuestro.
El artículo 43 definió las funciones de estas unidades que irían desde la investigación especializada de los casos, hasta la protección a las víctimas, elaborar protocolos de atención, definir policías de prevención, ente otras.
Los artículos transitorios de la ley estipulan que la creación de las unidades debería apoyarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Un acuerdo de los gobernadores del país publicado oficialmente el 18 de noviembre del 2011, estableció además que los integrantes de estas unidades, previamente evaluados y capacitados, debían permanecer al menos cinco años como parte de las mismas para fomentar su capacitación.
Datos históricos
De acuerdo al SNSP de enero a agosto del 2013 se denunciaron en el país 1,067 secuestros
Un promedio de 33 plagios a la semana,
Pero según el INEGI en 2012 hubo 105 mil 688 secuestros de todo tipo.
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