En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que lamentó que pese a las cifras de pobreza en el país y los compromisos de la presente administración ante este problema, “la pobreza pareciera estar relegada a un segundo plano en las políticas públicas”.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estiman que en el país hay más de 53 millones de personas que viven en situación de pobreza, esto es 45.5% de la población, de las cuales más de 20 millones están en situación de pobreza alimentaria.
Ante ello, la organización internacional cuestionó las acciones de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de combate y erradicación de la pobreza en el país, principalmente por la negativa del gobierno a firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC).
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), este protocolo permite que cualquier persona busque justicia a nivel internacional por la violación a sus derechos de cubrir necesidades básicas como la alimentación, vivienda, educación, acceso al agua, garantía de trabajo y seguridad social.
Tan sólo entre 2010 y 2012, el número de personas sin acceso a seguridad social en México se incrementó en 2.2 millones, informó el Coneval, lo que según parámetros ACNUDH significa una violación a los derechos humanos.
La negativa a ratificar el protocolo “pone en duda la seriedad el compromiso de esta administración en el combate a la pobreza”, señaló AI.
Con la firma de este protocolo, México permitiría que cualquier ciudadano que sufra una violación de sus derechos económicos, sociales y culturales, acceda a un mecanismo de investigación de carácter confidencial que permita a un Comité de las ONU abordar el caso en el territorio nacional, lo que se traduce en una vía para que las personas que se enfrentan a la pobreza puedan reclamar sus derechos, señaló el organismo.
AI instó a las autoridades mexicanas a que, además de ratificar el PFPIDESC, definan “estrategias efectivas” para terminar con el problema de la pobreza, las cuales estén integradas con objetivos claros y medibles, que integren una prospectiva de derechos humanos y consideren la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil para su planeación e implementación.