Aunado a las pésimas condiciones de vida en los centros penitenciarios y a la constante violación a los derechos humano que ahí persisten, existen grupos que además sufren discriminación en reclusión: mujeres, indígenas y personas con discapacidad mental.
El informe Examen Periódico Universal (EPU) sobre Sistema Penitenciario en México 2013, emite recomendaciones para modificar la situación de los derechos de las personas reclusas en México.
El documento está elaborado por las organizaciones organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A. C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. (IDHIE SJ).
México tiene una población penitenciaria de 246 mil 226 internos, lo que lo coloca en el séptimo lugar a nivel mundial, indica el Centro Internacional de Estudios en Prisiones (International Centre of Prisión Studies).
En grave situación
En la actualidad no existe el presupuesto suficiente para atender la demanda de los indígenas privados de la libertad, en 2012 habían 8 mil 530 indígenas presos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala el documento.
Existen diversos factores que dificultan el acceso a la justicia para este sector. La pobreza provoca que pese a haber cometido delitos menores, estas personas permanezcan en prisión por no tener acceso al pago de una fianza.
Otros factores son el analfabetismo, la falta de comprensión del español y la falta de intérpretes durante el proceso penal, que tienen como consecuencia que indígenas firmen confesiones que los culpabilizan.
Las mujeres internas enfrentan abusos, violencia y corrupción, de los 418 centros de reclusión sólo existen 10 diseñados para mujeres. Al convivir con la población masculina pueden ser forzadas a la prostitución.
También son sometidas, de forma obligatoria, a métodos de anticoncepción, además las embarazadas son altamente discriminadas, y a ello se le agrega que en los centros no hay médicos especializados en ginecología y obstetricia.
La ley establece que para las personas con discapacidad mental es necesaria la aplicación de un tratamiento de carácter médico-psiquiátrico, ya sea en internamiento o en libertad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se les proporciona tratamiento farmacológico, y la insalubridad y las malas condiciones de las instalaciones violan sus derechos humanos. Además se ha detectado que estas personas no son atendidas por las autoridades de salud durante el proceso penal.
Condiciones generales
El informe también señala que una de las acciones más urgentes es resolver el hacinamiento y la sobrepoblación de las prisiones para así poder lograr la efectividad de los programas de reinserción social. El Distrito Federal y Jalisco rebasan en más de 170% la tasa de ocupación penitenciaria.
La sobrepoblación ha incrementado el número de homicidios, riñas, suicidios, fugas, motines e intentos de motín. El problema del autogobierno se ha agravado debido al número de internos vinculados con la delincuencia organizada y que muchas veces están vinculados con el personal penitenciario.
Recomendaciones
El informe señala 10 recomendaciones para el sistema penitenciario mexicano, entre las que destacan que es necesario instalar mecanismos de control y observación que incluyan la participación de la sociedad civil y la realización de un diagnóstico sobre la situación de vida de los presos.
También es necesario que los tribunales recurran a penas alternativas a la prisión y la capacitación al personal de seguridad y custodia en materia de derechos humanos, como lo recomendó desde el 2009 el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas.