MÉXICO. El sector de las botanas en México pidió etiquetar los tres mil 500 millones de pesos que se pretende captar por la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los alimentos de alto contenido calórico para fomentar la prevención y atención a la salud de los mexicanos.
En entrevista con Notimex, el presidente de la rama de fabricantes de botanas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Bruno Limón, demandó transparencia en la utilización de los recursos.
“Nosotros estamos dispuestos a aceptar esta medida fiscal, siempre y cuando, y eso es una exigencia, haya transparencia en la utilización de esos recursos”, manifestó.
Confió en que los recursos que se obtengan por el cobro de este gravamen realmente sea destinado para “combatir la diabetes y la obesidad, a pesar de que no somos nosotros los causantes directos de ello”.
Afirmó que, sin duda, este impuesto a los productos del sector afectará el ingreso de la industria, debido a que el consumo podría disminuir y ello impactaría en las fuentes laborales.
El representante de los fabricantes botaneros en el país refirió que las ventas de la industria en 2007 ascendieron a 29 mil 500 millones de pesos y en 2012 sumaron 41 mil 500 millones de pesos, con un rango de crecimiento del mercado en ese lapso de 40.6 por ciento.
“Muy pocas industrias tienen este crecimiento”, sin que ello no signifique que de ahí proviene el problema de la obesidad, sino que es resultado de la suma de un mayor número de consumidores a este producto, acotó.
Aseguró que el sobrepeso es problema multifactorial derivado, sobre todo, de los cambios en los hábitos de vida de niños y adultos, que ya no “queman” las calorías que consumen, principalmente en las grandes ciudades.
Aunque admitió que este nuevo impuesto podría propiciar la cautela de los inversionistas en el sector, consideró que primero se debe analizar el impacto de la decisión en las ventas de botanas en el país.
Bruno Limón enfatizó que ese gravamen “sí es considerable”, pues hay familias de escasos recursos, donde está la base de los consumidores, que van a decidir no comprar esos productos.
“No es una postura de castigo, pero necesitamos revisar cuál será el impacto en nuestras empresas, en nuestras nóminas y esperamos no tener una caída en los empleos en general. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores, pero nunca con la intención de dejar de invertir”, puntualizó.