MONTEVIDEO. La Justicia uruguaya decidió hoy procesar sin prisión a 14 personas que regentaban varios negocios en donde se vendían todo tipo de libros fotocopiados por violar los derechos de autor y a tres de ellos por haber presumiblemente incurrido en un delito de lavado de activos.

 

Según un portavoz judicial, el juez Martín Gesto decidió el procesamiento de los detenidos a pedido de la fiscal contra el Crimen Organizado, Mónica Ferrero, bajo cuya responsabilidad quedan los delitos contra la propiedad intelectual.

 

El caso ha suscitado una enorme polémica en el país por su inusual envergadura y por haber atajado un delito que parecía desarrollarse de forma generalizada en el país con total impunidad.

 

Además, el juez decidió abrir un nuevo sumario para seguir investigando a tres de los acusados por supuestamente haber adquirido propiedades y negocios con los beneficios obtenidos por la violación de la propiedad intelectual, lo que bajo la legislación uruguaya queda contemplado como lavado de activos.

 

Los delitos contra la propiedad intelectual tienen una pena de entre tres meses y tres años de penitenciaría.

 

El caso se reveló ayer cuando un enorme despliegue policial irrumpió en una galería comercial muy próxima a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en donde existían numerosos locales de fotocopias, allanó 15 de esos negocios y detuvo a 32 personas, que fueron llevadas a declarar ante la Justicia.

 

En dichos locales se vendían con total normalidad copias de todo tipo de libros, particularmente textos legales y libros de texto universitarios, que eran adquiridos por estudiantes, profesores y público en general sin ningún tipo de impedimento pese a la ilegalidad del negocio.

 

Los empleados de las tiendas fueron liberados por orden de la jueza de turno, que sin embargo ordenó mantener la detención de los dueños que hoy fueron procesados.

 

Además, la Policía incautó casi 80 máquinas fotocopiadoras y centenares de libros originales y copiados, algunos de ellos más de doscientas veces.

 

El operativo surgió tras una denuncia de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), editora de obras jurídicas, que denunció la venta a un precio mucho menor de sus libros con el enorme prejuicio que eso causa a su negocio.

 

El caso se convirtió inmediatamente en “trending topic” en las redes sociales y fue muy comentado por la comunidad educativa, que vivía la situación como algo “completamente natural” y “necesario para el estudio” pese a su reconocida “irregularidad”.

 

De hecho, los propios profesores dejaban en esos lugares los libros a estudiar para que les hicieran copia, mientras que los locales contaban con un archivo digital de libros que se descargaban y copiaban a pedido del público.

 

“Todos precisamos las fotocopias para estudiar, son muy caros los libros. Además, hay ediciones agotadas que solo estaban ahí y libros con pocos ejemplares en biblioteca que es imposible repartirlos entre los alumnos del curso”, se lamentó una estudiante en declaraciones al diario El País. EFE