El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anpec), Emilio Herrera, advirtió que de aprobarse el gravamen de un peso por litro a las bebidas azucaradas la industria despedirá a 10 mil empleados de manera inmediata y a 20 mil a mediano plazo, por lo que podrían iniciar una etapa de resistencia social.
Para Emilio Herrera ese aumento al precio de las bebidas azucaradas generaría una disminución en sus ventas, por lo que tendrían que disminuir su producción y ajustar su cadena de distribución.
Por su parte el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, acusó que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados es “una imposición” pues, dicen, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “no tuvo la sensibilidad política de llegar a un proceso de negociación con la cadena productiva”.
Comentó que la aprobación del gravamen desalentaría el consumo de refrescos y esto afectaría también a los comerciantes, quienes reciben el 30% de las ganancias de la venta de este tipo de bebidas, por lo que podrían iniciar una resistencia social.
“Vamos a una política de resistencia social porque no nos vamos a cansar de grillar a los consumidores de que cada peso que gasten en refresco 35 por ciento son de pago de impuestos al gobierno y que no están debidamente justificados en el gasto público”, advirtió Rivera.