Guatemala.- La posibilidad de que el ex dictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983) reciba amnistía y evada así su supuesta responsabilidad en delitos de genocidio y crímenes de guerra quedó hoy abierta en Guatemala por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El máximo tribunal de este país centroamericano, en una decisión apoyada por cinco de sus siete magistrados, ordenó a la Sala Primera de Apelaciones que pida al Juzgado A de Mayor Riesgo fundamentar jurídicamente “por qué no es aplicable la amnistía” solicitada por el general retirado.
El secretario de la CC, Martín Guzmán, aclaró a los periodistas que la Corte “en ningún momento” ha resuelto que se le aplique la amnistía a Ríos Montt, pero sí que el tribunal “razone” y argumente jurídicamente por qué se excluyó el Decreto 8-86 en el proceso legal seguido en contra del ex jefe de Estado de facto.
En esa normativa, aprobada por el régimen dictatorial de Óscar Mejía Víctores (1983-1986), se otorgó la amnistía a los militares y guerrilleros que participaron en la guerra interna que padeció el país (1960-1996).
El año pasado, el Juzgado A de Mayor Riesgo rechazó la petición de amnistía solicitada por los abogados del exjefe de Estado, para evitar que fuera procesado por los delitos de genocidio y crímenes de guerra de los que lo acusa la Fiscalía.
Guzmán explicó que con este nuevo fallo de la CC, la jueza Carol Patricia Flores, titular de esa judicatura, tendrá un plazo de cinco días a partir de que sea notificada, para cumplir con lo ordenado y resolver si es procedente o no conceder la amnistía a Ríos Montt.
Danilo Rodríguez, uno de los abogados de Ríos Montt, aseguró que su cliente “fue amnistiado por la ley promulgada por Mejía Víctores en 1986”, por lo que, dijo, el fallo de la CC viene a “confirmar” un derecho que le había sido violentado.
Por su parte, el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante en el proceso, aseguró en una rueda de prensa que la resolución de la CC no puede ser aplicada, porque “es contradictoria con otra emitida en agosto pasado”.
En ese fallo, la Corte sostiene que los delitos de genocidio y crímenes de guerra “son imprescriptibles en Guatemala”, por lo cual no pueden ser objeto de amnistía.
Reyes dijo que tras ser notificados harán un “análisis meticuloso” de la resolución para definir las acciones a seguir.
Por otra parte, la subdirectora de Caldh, Alejandra Castillo, explicó que el decreto de amnistía invocado por el exdicator no puede ser fuente de derecho, debido a que el mismo fue derogado por la Ley de Reconciliación Nacional, vigente desde 1996.
Esa normativa, pactada por el Gobierno y la antigua guerrilla en el marco de los acuerdos de paz, derogó todos los decretos de amnistía vigentes hasta ese año, y dejó fuera de ese beneficio la persecución penal para el genocidio, tortura y desaparición forzada.
La activista enfatizó que las personas acusadas de esos delitos cometidos durante el conflicto armado “no pueden ser objeto de la aplicación de amnistía, prescripción o extinción de la responsabilidad penal”.
La resolución judicial sale a luz pública mientras Ríos Montt, sindicado de ser el responsable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché en 1982 y 1983, se encuentra a la espera de un nuevo juicio por ese caso.
El anciano militar, de 87 años, fue juzgado desde el pasado 19 de marzo junto a su antiguo director de Inteligencia Militar, José Rodríguez, por el Tribunal A de Mayor Riesgo.
El histórico juicio llegó a su fin el 10 de mayo último cuando Ríos Montt fue encontrado culpable de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad (como se califica en Guatemala los delitos de lesa humanidad) y condenado a 80 años de cárcel, mientras que Rodríguez fue absuelto.
Sin embargo, diez días después la CC anuló el fallo judicial por errores en el proceso legal y ordenó retrotraer el caso hasta antes de la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo.
Ríos Montt se encuentra en la actualidad con arresto domiciliario a la espera de que se resuelva su situación legal, al igual que Rodríguez.