SALTILLO. Aún con el apoyo que representaría para las víctimas de desaparición forzada, así como a sus familias, desde febrero de 2012 se encuentran “congeladas” en comisiones del Congreso de Coahuila dos iniciativas de reforma que buscan proteger y preservar algunos derechos fundamentales que tienen que ver, entre otros temas, con la seguridad social, la educación y la salud de estas personas.
Las propuestas fueron presentadas por la fracción panista a través del diputado Edmundo Gómez Garza, ambas fueron turnadas a las respectivas comisiones, pero un año y ocho meses después no han sido dictaminadas para someterlas a su aprobación por el resto de los legisladores. A éstas se suma un pronunciamiento en el mismo sentido de su colega Samuel Acevedo Flores.
La primera de Gómez Garza fue incluida en el orden del día y leída el 9 de febrero de 2012, con la cual pretende modificar la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Con eso busca que se mantengan vigentes los derechos de la seguridad social por un periodo hasta de tres años, prórrogas en el pago de créditos al Infonavit y que incluso los trabajadores al servicio del estado en situación de desaparición forzada recibieran una licencia hasta de tres años con el fin de que se preserve su empleo.
“El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. La conmoción emocional resulta agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda”, se argumenta en la propuesta legal.
Una segunda iniciativa de la fracción panista, similar a la primera y complementaria para los trabajadores del estado y los municipios, se leyó el 21 de febrero de 2012 y la segunda lectura una semana después. Luego de eso también fue turnada a las comisiones unidas de del Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
A pesar de que cientos de familias coahuilenses se verían beneficiadas con las mencionadas modificaciones legales, las iniciativas presentadas se encuentran guardadas y se les ha dado prioridad a otras con un trámite más ágil.
“La desaparición forzada de personas es para muchos la violación de derechos humanos más deleznable y grave de todas, dado sus alcances, daños, consecuencias y afectación a la vida de los familiares o dependientes de la víctima”, manifestó en aquella ocasión Edmundo Gómez Garza.