Los militares que colaboraron con la ex procuradora Marisela Morales para llevar a la cárcel a generales y ex funcionarios por supuestos vínculos con el crimen organizado utilizando declaraciones testigos protegidos, ya fueron investigados por la actual administración de la Procuraduría General de la República (PGR), pero ninguno fue sancionado.
Abuso de autoridad, lesiones y tortura fueron los delitos por los cuales se abrió la averiguación previa 613/AP/DGCDCSPI/2012 en contra de Avigaí Vargas Tirado, Leonel Guadalupe Licona y Luciano Nabor Hernández, todos de origen castrense y adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en la administración pasada.
La denuncia fue promovida el año pasado por el abogado Gerardo Ortega Maya, quien acusó que dichos funcionarios lo quisieron obligar a declarar en contra del general Tomas Ángeles Dauahare y luego, en represalia, lo consignaron a el de colaborar con el narco utilizando una testigo cuyo nombre era falso.
Pero el 31 de diciembre, ya en la actual administración de la PGR, se decidió no proceder en contra de ninguno de los funcionarios y enviar el caso al archivo.
Este diario tiene copia de la notificación del “No Ejercicio de la Acción Penal” en contra de los acusados, la cual fue firmada por la agente del Ministerio Público Silvia Juárez Díaz, adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores públicos de la Visitaduría general de la PGR.
El oficio de una cuartilla fue dirigido a Ortega Maya para exponerle que se había autorizado el cierre del caso.
Actualmente, de acuerdo con autoridades federales consultadas, no hay otro proceso contra de estos funcionarios, pese a que varias de las averiguaciones que integraron se han caído y los involucrados recobraron su libertad.
La célula militar
Hace unos meses el mismo ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas, declaró públicamente que el grupo de militares que había colocado la procuradora Morales en esa Subprocuraduría operó casi de forma autónoma las investigaciones y detenciones de varios generales y ex funcionarios.
Salinas sostuvo que los resultados de dichas averiguaciones fueron reportados directamente a la oficina de la procuradora.
Vargas Tirado, estaba adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, hasta que renunció en el último día de la administración pasada. Es Coronel de Infantería dentro del ejército mexicano.
Licona Pérez, también oficial del Ejército mexicano colaboró en investigaciones que llevaron a prisión a generales castrenses y a funcionarios acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa. El renunció el 31 de diciembre.
Luciano Nabor Hernandez, quien tiene el rango de Sargento Primero, permanece en la SEIDO.
En la averiguación también fue investigada la agente federal Ana Laura Ruíz Rodríguez, quien según sus declaraciones patrimoniales sigue adscrita a la misma Subprocuraduría.
Maltratos y represalia
El abogado Ortega Maya explicó en su denuncia que el grupo de militares que trabajaba en la SEIDO estaba muy interesado en obtener pruebas contra un grupo de generales, entre ellos Ángeles Dauahare, quienes según testigos protegidos colaboraban con el grupo criminal de los Beltrán Leyva.
Indicó que por ello fue detenido el 3 de mayo del 2012 sin ninguna orden de aprehensión y llevado a las instalaciones de la Subprocuraduría, donde quisieron obligarlo a declarar contra los generales.
Como se negó, Ortega sostuvo que fue maltratado con cortes en las piernas, golpes en la espalda y mecanismos de asfixia, tortura que fue dirigida por “autoridades militares al mando del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado”.
Luego en represalia, Ortega fue involucrado en un expediente junto con seis personas más, de colaborar con el narcotráfico. Hasta ahora sigue preso.
El expediente en contra del abogado fue sustentado por la SEIDO en gran medida, según la defensa, en las declaraciones de la testigo protegido “Libre” cuyo nombre resultó ser falso.
El Procurador Jesús Murillo Karam reconoció esta semana que dicha testigo se identificó con dos nombres, uno de ellos falso, situación que no es legal, pero aseguró que hay pruebas que sustentan sus dichos.
DATO
La PGR definió esperar a la sentencia del juez en el caso de Ortega Maya y otros acusados de vínculos con el narcotráfico. Sostiene que hay pruebas que soportan dichos de testigo con doble identidad.
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