El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Poder Legislativo corregir algunos aspectos de la reforma hacendaria que, a su consideración, atentan contra la planta productiva nacional.
“Quedan cuatro días para que se realicen ajustes sobre varias disposiciones que, de quedar como están, tendrán implicaciones negativas muy importantes en diversos sectores y en la economía nacional”, expuso.
En el marco del análisis, discusión y aprobación de a reforma hacendaria, el organismo empresarial reiteró por ello el llamado a los legisladores para que sean sensibles y corrijan aspectos como la eliminación de la deducibilidad de prestaciones a trabajadores, atentatoria contra los propios trabajadores.
Implicaría, sostuvo el organismo que dirige Gerardo Gutiérrez Candiani, un encarecimiento de la nómina de hasta 7 por ciento y consecuencias potenciales como posibles eliminaciones de prestaciones y disminución de plantillas laborales.
A través del documento semanal La voz del CCE, pidió que se reconsideren los términos de las deducciones en personas físicas, porque si bien el monto permitido se amplió casi al doble, queda el tope de 10 por ciento.
Esto afecta a la clase media, emprendedores, profesionistas y personas con actividades empresariales, además de alentar la informalidad.
Igualmente, continúa, es primordial mantener la deducción inmediata de inversiones, tema fundamental para muchas industrias y para estimular el crecimiento.
Entre otros puntos, expresó su preocupación por el aumento súbito del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera y la carga impositiva para algunos sectores.
Los impuestos para bebidas y alimentos con alto contenido calórico son inequitativos, discriminatorios y de consecuencias regresivos.
De pasar como están, dijo, terminarán afectando a estratos de bajos ingresos y difícilmente ayudarán a resolver los problemas de salud que supuestamente son el objetivo. Más bien, se fomentará la economía informal y la venta de productos que son más difíciles de controlar y regular.
Considera que aún hay tiempo de corregir si existe la voluntad de hacerlo, porque el balance que se perfila hasta ahora deja muchas inquietudes y pendientes.
En el saldo positivo, dijo, se eliminan el IETU y el IDE, que generaban distorsiones y alto costo administrativo para las empresas; hay mejoras en el Código Fiscal; la expectativa de beneficios sociales con la pensión universal y el seguro de desempleo y más dinero para las arcas públicas, en el corto plazo.
Hay que asegurar que funcionen los cambios en seguridad social, tomar las medidas necesarias para que no queden sólo en compromisos, que después no puedan cumplirse o generen distorsiones contraproducentes, acentuando el grave problema de pasivos pensionarios que ya tenemos en la actualidad, expone el CCE.
El organismo se pronunció al respecto por su viabilidad y sustentabilidad y que los recursos se inviertan correctamente para su crecimiento, con certidumbre jurídica al patrimonio de los trabajadores.
Refiere que estas prestaciones sociales aumentan la urgencia de una reforma integral del sistema de seguridad social en México.
Califica de un avance las medidas que acaban de aprobarse en el Senado para fortalecer la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de incorporar disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria.
Aunque no el ideal, queda un paquete fiscal que puede funcionar a corto plazo, en función de las necesidades y circunstancias de 2014, siempre que se complemente con un presupuesto público a la altura y que se ejerza con oportunidad, dirección, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
En su opinión, no se dio una reforma profunda para resolver los problemas estructurales del sistema hacendario mexicano de raíz, pues se vuelve a posponer y habrá que regresar a este reto más tarde, si se quiere que México sea un país más competitivo, dinámico y con finanzas públicas sustentables en el largo plazo.
Del objetivo de reducir el déficit, ahora se transita a un mayor endeudamiento; el énfasis que se ha puesto en la productividad, no se corresponde con medidas que aumentan costos para la economía formal, incluyendo el de contratación laboral.
El grueso de los ingresos adicionales planteados vendrán de nuevos impuestos y endeudamiento, manteniéndose la alta dependencia respecto al petróleo, señala.
Refiere que sobre estas bases se fincan las prioridades que el sector empresarial impulsará en los próximos días, como las que tienen que ver con el presupuesto, el cual debe quedar aprobado el 15 de noviembre. “La sociedad y el sector empresarial demandamos que haya compromisos serios en materia de planeación y uso del dinero público”.
Pidió por ello más inversión, menos gastos ineficientes y superfluos; acelerar las reformas necesarias para consolidar una política de transparencia y rendición de cuentas; combate frontal a la corrupción; responsabilidad en el endeudamiento público; calidad y honestidad en el ejercicio del gasto.
“A mayor exigencia de contribuciones, mayor exigencia de eficiencia y honestidad en el gasto y la administración pública”, añade.