MANAGUA. El grupo de 18 mexicanos condenados en Nicaragua por actividades de narcotráfico introdujo un recurso de casación en contra de la sentencia de 18 y 17 años de prisión, ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, informó hoy la prensa local.
La abogada Amy García, quien asumió la defensa de los 18 extranjeros, indicó que presentó “alegatos de forma y fondo” en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, que redujo en casi 50% las penas originales de cárcel.
Este es el último procedimiento legal que otorga el sistema de administración de justicia para revertir el fallo o lograr una nueva reducción de la condena por los delitos de narcotráfico internacional, lavado de dinero y crimen organizado.
La sentencia de primera instancia fue dictada en enero pasado con penas de 30 años de prisión y revisada hace tres semanas en un tribunal de apelaciones que disminuyó la condena a 18 y 17 años.
Los mexicanos fueron capturados en Nicaragua el 20 de agosto de 2012 con 9.2 millones de dólares ocultos en compartimientos de seis camionetas.
La abogada García declaró a El Nuevo Diario que alegó la supuesta violación a sus derechos constitucionales porque los procesados fueron detenidos durante cuatro días sin iniciar la acción judicial. La ley establece 48 horas de detención preventiva.
Dijo que argumentó otra “nulidad” por la incorporación de una prueba “sobrevenida” durante el juicio en diciembre pasado ?después del periodo de presentación de las evidencias- derivada de la inspección de las camionetas que utilizaban los acusados.
Raquel Alatorre Correa, identificada como la líder del grupo, permanece detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua por motivos de “seguridad”, afirmó por su parte a Notimex el portavoz de la institución, comisionado Fernando Borge.
El Ministerio de Gobernación no respondió a una consulta de Notimex sobre la ubicación de los restantes 17 detenidos en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional.
El eventual proceso de repatriación, con el fin de que los mexicanos cumplan las condenas de prisión en su país, iniciaría una vez dictada la sentencia en firme por parte de la Corte Suprema de Justicia.