Los ataques contra las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y gasolineras el fin de semana en Michoacán sólo confirman dos argumentos que hemos expuesto en este espacio. El primero es que la administración de Felipe Calderón no pudo desarticular a los grupos del crimen organizado que operan en el estado, y que las capturas y “abatimientos” sólo fueron actos propagandísticos para ganar puntos ante la opinión pública. El segundo argumento, en el cual hemos insistido, es que es necesario desarticular la base del negocio de estas organizaciones para poder desbaratarlas, y mientras el Estado no haga esto, el poderío económico y capacidad de fuego continuará en ascenso.
Hoy tenemos una alianza entre los grupos guerrilleros y el crimen organizado, en donde a la fecha predomina el financiamiento y la estrategia de los narcotraficantes sobre los movimientos subversivos. Esta misma dinámica ya se vivió en Colombia tanto con grupos de extrema derecha como con movimientos guerrilleros de izquierda. Al final, los grupos adoptaron la ideología propuesta pero la base real del movimiento era beneficiarse de los flujos del narcotráfico.
En Michoacán tenemos tres líneas de productos que benefician al crimen organizado, la siembra de marihuana, la producción de heroína en un proceso de integración vertical y la producción de metanfetaminas por la entrada de precursores al puerto de Lázaro Cárdenas. Todo esto se complementa con la facilidad de lavar dinero en el Estado y la infraestructura existente para exportar los productos.
Si la actual administración quiere reducir el tamaño del crimen organizado, ahora, debería de iniciar un programa muy agresivo de erradicación de marihuana y heroína, ya que esto es lo único que reduciría los ingresos ilícitos que se obtienen para financiar a los grupos armados. Estos programas de erradicación deben ser seguidos por un programa agresivo de construcción de infraestructura y estar acompañados por los programas sociales que operan en la actualidad. Esta es la única receta que ha probado tener éxito para recuperar el territorio donde los narcotraficantes operan con un Estado paralelo.
El llamado del PAN a eliminar los poderes en Michoacán es sólo un pronunciamiento político, ya que el crimen organizado está inmerso en la sociedad, la cual tuvo como cómplice en el pasado y ahora es su rehén. Si bien es cierto que el gobierno estatal no cuenta con las capacidades institucionales hoy en día, lo importante es iniciar en esa reconstrucción que no se resuelve con un acto político.
La administración de Felipe Calderón nunca realizó esfuerzos significativos para erradicar los cultivos de marihuana y heroína, esto hizo que los ingresos de los cárteles quedaran intactos. Ello, aunado a un aumento en la demanda por el Black Tar mexicano en Estados Unidos, tuvo como efecto un aumento en el número de reclutas que ahora trabajan para los cárteles bajo el cobijo de movimientos sociales.
El puerto de Lázaro Cárdenas es estratégico y la única manera de tener un mayor control y no interrumpir el comercio internacional es con la incorporación de tecnología, sistemas y personal más capacitado en las aduanas. Esto debe estar acompañado por un programa de inspecciones más agresivo. México sigue siendo el proveedor número uno de metanfetaminas a EU y los dos centros de producción más grandes en el país son el estado de Michoacán y el municipio de Zapopan.
El no llevar a cabo estas acciones y enfocar la estrategia en busca de blancos, sólo va a beneficiar a los sucesores de estas organizaciones criminales. Las FARC en Colombia llegaron a controlar 18% de la producción de cocaína en la década pasada, así que no dejemos que se fortalezca la alianza entre guerrillas y narcotraficantes en México.