TOKIO. El Grupo Financiero Mizuho informó que su presidente bancario y otros dos directivos dimitirán por no impedir la concesión de créditos a la mafia conocida como los yakuza.

 

Mizuho informó que su presidente, Yasuhiro Sato, renunciará a seis meses de paga pero seguirá en su cargo.

 

El banco designó además a Tatsuo Kainaka, ex fiscal y juez de la Corte Suprema, un fiscal con fama de severo, al cargo de director de cumplimiento de normas.

 

Sato y otros ejecutivos se inclinaron profundamente en señal de disculpa, un gesto familiar en el mundo empresario japonés.

 

“Hemos causado gran cantidad de problemas y deseo expresar mis más sinceras disculpas”, dijo Sato.

 

Además del cese del presidente de Mizuho Bank, Takashi Tsukamoto, otros dos directivos de Mizuho dimitirán el uno de noviembre. Decenas de empleados de la empresa encaran reducciones salariales. Tsukamoto es además presidente de Grupo Financiero Mizuho y retuvo ese cargo.

 

Una comisión independiente informó el lunes que de acuerdo con sus investigaciones, Mizuho no eliminó más de 200 millones de yen (2 millones de dólares) en préstamos, en su mayor parte créditos automovilísticos, a clientes relacionados con elementos “antisociales”, eufemismo por el crimen organizado.

 

Mizuho, el segundo banco de Japón por activos, no redujo ni evitó los créditos al crimen organizado, dijo la comisión, aunque concluyó que el banco no participó en un encubrimiento doloso.

 

La comisión integrada por el ex juez Hideki Nakagome, que encabezó además una investigación de fraude de contabilidad en la empresa de cámaras fotográficas y aparatos médicos Olympus Corp., consideró los préstamos “créditos cautivos” adquiridos cuando Mizuho adquirió la empresa financiera de consumo Orient Corp.

 

La gerencia de Mizuho no enmendó su negocio crediticio tras descubrir las anomalías a principios del 2011.

 

Poco después, los ejecutivos de Mizuho se preocuparon por el mal funcionamiento de sus cajeros automáticos ocasionado por un flujo de donaciones para las víctimas del maremoto del 2011.

 

Mizuho presentó un plan de reorganización a la Agencia de Servicios Financieros, que el mes pasado exigió que el banco elabore una estrategia para “mejorar” sus actividades de préstamos.

 

El banco prometió poner fin a los créditos, aumentar la vigilancia contra el hampa en futuros negocios, endurecer la supervisión empresaria y mejorar el conocimiento interno para evitar los negocios con aquellos ligados al crimen organizado.

 

Los problemas de Mizuho revelan las dificultades de las compañías financieras para evitar los negocios con pandillas delictivas llamadas “yakuza”. Tienen un largo historial de participación en muchas áreas de la economía, a pesar de las gestiones para mantenerlas fuera del sistema financiero.