El gobierno de México reconoció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la situación de violencia que se vive en algunas partes del país ha generado una situación de desplazamientos internos.

 

El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, dijo que existen diferencias en los tiempos de los diagnósticos, “pero en lo fundamental estamos de acuerdo”.

 

“Tenemos un problema de violencia que ha generado estos cambios a los que hemos hechos referencia. Y creemos que conviene que nos acerquemos en lo que coincidimos más que destacar las cosas en las que diferimos”, precisó.

 

Hablando aquí en el curso de una audiencia sobre la situación de las personas afectadas por el desplazamiento interno en México, el funcionario dio la bienvenida a los planteamientos hechos por un grupo de peticionarios encabezados por el Consejo Noruego para Refugiados (NCR).

 

“La mayor parte de los planteamientos forman parte de nuestros programas o van a enriquecer nuestros programas y creemos al final que la manera como lo llamemos resulta menos importante con lo que hagamos de fondo”, asentó.

 

En su oportunidad varios integrantes de la CIDH, entidad que tiene su sede en esta capital, coincidieron en señalar que México requiere contar con una política pública integral que permita determinar los alcances del problema del desplazamiento interno.

 

“El desplazamiento interno en México no lo podemos desconocer”, dijo aquí el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para México quien consideró que el tema es “importante y grave”.

 

Escobar Gil comentó que frente a esta situación es necesaria una política pública integral en la materia, incluyendo medidas para identificar cuál es esta población y en consecuencia el problema y el establecimiento de un mecanismo de alertas tempranas.

 

Escobar Gil hizo eco de la posición de los peticionarios en el sentido de que la violencia provocada por el narcotráfico ha contribuido a este fenómeno, por lo cual estimó que “es importante que haya una ley de desplazamiento forzado”.

 

De acuerdo con Laura Leal, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), un análisis hecho a partir de diversas fuentes apunta a que la cifra de desplazados podría alcanzar los 170 mil personas.

 

Empero dijo que los alcances reales se desconocen al señalar que en algunos casos los desplazados se esconden y evitan denunciar su situación ante el temor de represalias contra ellos o familiares.

 

Recordó que anteriormente el problema de desplazados estaba ligado a situaciones como disputa de tierra, intolerancia religiosa, construcción de megaproyectos y el conflicto zapatista a partir de 1994.

 

“La violencia ha venido a contribuir y agregar nuevas causales en este fenómeno. Esto ha hecho que este sea un fenómeno de alcance nacional a partir de 2007”, señaló Leal.

 

Este análisis ha permitido identificar de manera parcial algunas zonas con mayor incidencia localizadas en estados como Chihuahua, Michoacán y Guerrero, entre otros.

 

Steve Hegi, analista para las Américas del NCR, destacó las iniciativas que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lleva a cabo en materia legislativa, incluyendo una reforma a la Ley General de Población a fin de definir el problema.

 

Hegi consideró que esto resulta importante al señalar que “la administración anterior mantuvo una negación del fenómeno. Prefirieron ocultar el problema del desplazamiento interno” en lugar de encararlo.