La declaración de una mujer, que mintió sobre su identidad, bastó a la Procuraduría General de la República (PGR) para encerrar, en 2012, a siete personas y ex funcionarios acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa. Un año después, la institución se niega a presentar las pruebas que confirmen sus acusaciones, porque sostiene que no está obligada a comprobar todo lo que dijo la ahora testigo protegida.

 

Las acusaciones y el inicio del juicio se dieron cuando Marisela Morales encabezaba la PGR, ahora, bajo la dirección de Jesús Murillo Karam, la dependencia incluso califica de “impertinente” a la defensa de uno de los acusados, por insistir en que se muestren las pruebas que demuestren las afirmaciones de la testigo.

 

La testigo en la PGR dijo llamarse y presentó identificaciones con el nombre de Esther Huitrón Vázquez, al convertirse en testigo protegido se le puso la clave “Libre”. Tiempo después se descubriría que su nombre real era Rosario Herrera Dorador.

 

El mismo procurador Murillo Karam reconoció que esa testigo declaró ante el Ministerio Público con un nombre distinto al real, se trataba del que utilizaba cuando formaba parte del cártel, lo que él mismo consideró como irregular. Pero aseguró entonces que lo que interesaba eran sus dichos y había pruebas que corroboraban sus acusaciones.

 

Pero en realidad no hay pruebas y, si las hay, la PGR no las quiere presentar. Al menos así lo demuestra el oficio DGCPPAMDO/9575/2013, firmado por el fiscal Rafael Adame Gómez adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) y que consta de tres cuartillas.

 

“No existe disposición legal alguna que obligue a la representación social de la Federación a que cada una de las manifestaciones vertidas por un algún  testigo sean materia de diligencias independientes que tiendan a corroborar su dicho”, se lee en el documento del que 24 HORAS tiene una copia.

 

El documento forma parte del juicio que se le sigue a Gerardo Ortega Maya, uno de los acusados por “Libre” de recibir pagos por al menos 250 mil dólares, por parte de la célula conocida como Los Cabrera, del Cártel de Sinaloa, a cambio de información sobre investigaciones y cateos que obtenía de un contacto dentro de la PGR.

 

El oficio tardó varios meses en llegar al juzgado Décimo de Distrito de la Ciudad de México, porque la institución evadió responder varios requerimientos, hasta que se le advirtió que, de no hacerlo, se le impondría una multa de 30 días de salario mínimo, y al final del documento arremete contra la petición de la defensa:

 

“Su señoría debe hacer caso omiso a las impertinentes manifestaciones vertidas por el defensor particular del procesado Gerardo Ortega Maya en su escrito de fecha de siete de los corrientes, en cuanto a que esta fiscalía no ha entendido la petición o simplemente se niega a contestarla saliéndose por la tangente”, escribió el fiscal.

 

Juicio estancado

 

Desde hace 18 meses, Ortega Maya está preso en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, y su juicio está atorado. Todavía las pruebas no pueden desahogarse porque los testigos protegidos que lo acusan y que integran las principales pruebas no atienden los citatorios para los careos solicitados por la defensa.

 

Apenas el pasado 8 de octubre, la principal acusadora de Ortega Maya, la testigo “Libre”, cumplió con el citatorio custodiada por el Ejército. Pero la audiencia se canceló, porque al momento de que la juez Verónica Sánchez le pidió su identificación, dijo que no tenía.

 

Karina Ortega, hermana del Gerardo Ortega Maya, explicó que la testigo no puede presentar una identificación con su nombre falso, porque incurriría en un delito; tampoco puede ofrecer alguna credencial con su nombre verdadero, porque debilitaría sus declaraciones y con ello el juicio “no sólo en contra de mi hermano, sino de los otros acusados e incluso en contra de delincuentes de la célula de Los Cabrera”.

 

Mientras, el proceso continuará estancado, porque la juez  programó hasta dentro de cuatro meses, el 24 de febrero del próximo año, las nuevas audiencias de careo con los testigos protegidos.

 

“Nosotros no tenemos ninguna garantía de que no se vaya a dictar una sentencia condenatoria, y esta administración actual de la PGR no nos ha mostrado que quieran abstenerse de las acusaciones que hizo la administración de Marisela Morales sino todo lo contrario, es la misma gente. Para febrero mi hermano tendrá dos años en prisión siendo inocente”, subrayó Karina Ortega.

 

Daño irreversible

 

En 20 meses la vida del abogado Gerardo Ortega Maya cambió. Perdió a su esposa y a su hijo, su salud se deterioró, su prestigio profesional se vino abajo, y el patrimonio familiar se acabó.

 

“El daño es irreversible, solo le falta perder la vida”, sentencia su hermana Karina.

 

“La pesadilla”, como ella le denomina, inició a las 11:30 de la noche del 3 de mayo del 2012, cuando policías federales y militares irrumpieron en la casa de su hermano, derribaron la puerta antes de que éste terminara de bajar la escalera y le colocaron una capucha en la cabeza.

 

Le dijeron que se lo llevaban para interrogarlo sobre el nexo de varios generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare, con el narcotráfico, y porque un testigo protegido lo acusaba de proporcionar datos al Cártel de Sinaloa.

 

¿Quién es?

 

Ortega Maya, el único varón de una familia de cinco hermanos, es abogado penalista y laborista. Egresado por la UNAM en la carrera de Derecho y cuenta con dos maestrías de México y España.

 

Su primer trabajo fue en la Secretaría de Gobernación, siendo titular Jorge Carpizo McGregor, donde fue asignado al área de preliberaciones de internos.

 

Después llegó a la PGR, también con Carpizo, donde ocupó diferentes cargos, uno de ellos como delegado en Sonora.

 

En esa época conoció al general Tomás Ángeles Dauahare y se hicieron amigos. Después se casó con Mariana, hija del ex secretario de Marina Luis Ruano Angulo.

 

En el sexenio de Felipe Calderón, trabajó como asesor del secretario de Marina Mariano Saynez y en 2012 conoció a Marisela Morales, quien le invitó a trabajar a la PGR y lo contactó con su asesor, Avigai Vargas Tirado, quien poco después sería su verdugo.

 

El Derrumbe

 

“A mi hermano los militares le hicieron las cosas más terribles que usted puede imaginar. Por respeto a él no las puedo decir. Ni con la vida de esa gente le pagan a Gerardo lo que le han hecho”.

 

Así resume Karina la presunta tortura que padeció su hermano entre el 3 y el 5 de mayo en instalaciones de la SEIDO, antes de ser cometido a arraigo y después consignado. De los abusos, responsabiliza a un grupo de militares que laboraba en la PGR al mando de Vargas Tirado.

 

“Gerardo simplemente perdió la ilusión de vivir, perdió  su vida, perdió a su familia porque su esposa ya está en otras circunstancias de vida. Mi hermano me ha dicho que el daría gracias si ya muriera, que nunca imaginó que pudiera sufrir eso. Yo le he dicho que no, que aguante, que luche, que nosotros afuera lo estamos haciendo. Al menos yo no me he rendido ni rendiré. Espero sacarlo con vida”, relató Karina.