Barcelona. Los abusos de la policía y la falta de respeto a los derechos humanos son frecuentes en todo el mundo, lo que los hace diferentes es la manera en que estos abusos son resueltos y la censura social que se ejerce contra los infractores. El fin de semana pasado la policía municipal de Huehuetoca, en una situación muy poco clara, enfrentó a un grupo de jóvenes y asesinó a uno de ellos, aún no se sabe con certeza si antes o después la población prendió fuego a la presidencia municipal.

 

Los  ataques de la policía a civiles son hechos condenables, y casos como éste deben ser investigados y censurados, pero no podemos argumentar que son únicos a México. Bastaría ver ejemplos de la semana pasada; en Barcelona policías mataron a golpes a un empresario de origen marroquí después de haberlo detenido y el caso de Andy López, un menor que fue asesinado en San Francisco, por un oficial, porque portaba un rifle de juguete.

 

El debate se ha centrado en la falta de protocolos, la falta de capacitación a las fuerzas municipales y si estos policías estaban certificados o no. Estos son puntos a tomar en cuenta, y muy importantes para contar con una policía más preparada. Pero hay algo que debemos preguntarnos antes, ¿cuál es la relación que la sociedad quiere con su policía? Esta pregunta no es retórica y sí marca los límites de la fuerza y la censura con la que se actúa.

 

De manera inconsciente ya hemos establecido esos límites. En México no respetamos a la policía, dudamos de su autoridad y en raras ocasiones, la población hace caso a un primer llamado de un oficial de tránsito. Basta ver las escenas diarias donde los automovilistas tratan de convencer a un oficial que los deje pasar por una calle a pesar de estar cerrada, o la negociación para evitar una infracción.

 

La capacitación y certificación tiene conceptos universales y se deben llevar acabo, pero la “filosofía y espíritu de cuerpo” que es un elemento fundamental en cualquier organización se debe basar en la relación la sociedad defina que quiere tener con el monopolio de la fuerza. Un policía que no cuenta con el respaldo de la sociedad no puede salir en defender de ésta, y una autoridad sin respaldo social sólo podrá ejercer un liderazgo mediante la fuerza coercitiva sin ninguna legitimidad.

 

En los años 70 y 80, en Estados Unidos  la confrontación social por hechos como estos fueron creciendo en intensidad y frecuencia, muchos de ellos basados en acciones de discriminación, pero sólo mediante el diálogo y acuerdos entre las autoridades y la sociedad se lograron disminuir. Este proceso duró más de 30 años pero si hoy en día se comete una violación grave a los derechos humanos por las autoridades, las acciones son contundentes por parte de la policía, pero también aparecen los líderes sociales a bajar la presión y el enojo de la comunidad con el objetivo de encauzar una solución dentro del marco de la ley. Y es  que la experiencia de años les enseñó que éste era el modelo para ganar la confianza entre autoridades y sociedad ante incidentes de abuso del poder.

 

En Huehuetoca como en muchos otros lugares de México, existe democracia pero no hay autoridades legítimas, porque a la sociedad no le interesa vivir en un estado de Derecho, ni tener reglas claras que se ejecuten.

 

En el Raval, una juez con base a la evidencia captada por los vecinos a través de teléfonos celulares, está llevando a cabo una investigación contra los miembros de la policía de Barcelona y en el condado de Sonoma los familiares están tomando acciones judiciales contra la ciudad.  En México, si no iniciamos este debate, no habrá certificación ni capacitación que logren que exista una complicidad entre la policía y la sociedad para vivir en un Estado de derecho, porque el abuso de poder no va a desaparecer. Podemos tener las herramientas para mitigar este riesgo.