Los representantes del gobierno federal y del Partido Acción Nacional (PAN) tienen definidas las líneas de la reforma política electoral: se crea el Instituto Nacional de Elecciones (INE), un tribunal nacional federal sustituirá a los estatales y no habrá reelección presidencial.
En cambio, los senadores podrán repetir un sexenio para sumar dos periodos, para un total de 12 años en su escaño, y alcaldes, diputados federales y legisladores estarán facultados legalmente para buscar la ratificación hasta por tres periodos, nueve años en total.
No está definido qué sucederá con los presidentes municipales, donde el periodo es de cuatro años. Se analiza si se limita sus administraciones a trienios, para no prolongar su permanencia más allá de los nueve años, como sucederá con los legisladores.
De acuerdo con fuentes gubernamentales y panistas consultadas por 24 HORAS, el proyecto incluye vigilar los gastos de campaña en tiempo real y, en caso de rebasarse, ser causal de nulidad. Esto no ha pasado hasta ahora pero se buscan mecanismos para dar con sanciones de impacto.
Esto incluiría la dotación de facultades al nuevo organismo, el INE, para poder auditar tanto a los partidos como a los candidatos. Entre las partes aún está impreciso qué hacer cuando eso suceda: ¿se repetirá la elección? ¿Se descalificará al candidato? ¿No podrá participar el partido en las votaciones extraordinarias?
Las negociaciones no han concluido y siguen su curso con disposición de las partes.
Las negociaciones
Los acuerdos fueron tomados institucionalmente por la dirección y los coordinadores parlamentarios panistas con el gobierno federal, los cuales han incluido entrevistas en la residencia presidencial de Los Pinos con la presencia de miembros del gabinete político.
De conformidad con datos de participantes en esos arreglos, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido insistente en desterrar –al menos en esta reforma- la reelección presidencial porque, argumenta, se viciarían las contiendas y rompería las banderas que dieron inicio a la Revolución Mexicana.
No está convencido de bondad alguna sobre la reelección en cargos menores –senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores-, pero ha accedido a fin de mantener la disposición de los panistas para llevar al PAN de compañero en las reformas estructurales.
Entre los negociadores están el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, y sus operadores en el Congreso, Jorge Luis Preciado en el Senado de la República y Luis Alberto Villarreal en la Cámara de Diputados, así como el ex senador Santiago Creel Miranda.
Por el gobierno han estado en algunas reuniones el presidente Peña Nieto, pero en términos regulares a las negociaciones asisten el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.
Pláticas similares se llevan con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero no han sido revelados los acuerdos con el grupo encabezado por la corriente dominante, Nueva Izquierda (NI) o Los Chuchos, liderados por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo.
Fuentes oficiales insistieron en el interés superior de mantener a la mesa a Gustavo Madero y a los panistas, con quienes está la apuesta para sacar la reforma energética, una vez aprobada la reforma político-electoral, dada la negativa de la izquierda en su conjunto por respaldar modificaciones a la Constitución.
Los plazos
En las pláticas está un propósito y un compromiso adicionales. El propósito: estas reformas deberán votarse a más tardar el 28 de noviembre. Y el compromiso: un mes después seguirá la misma suerte la reforma energética.
Si las partes cumplen su palabra, la reforma energética –con la inclusión de algunas propuestas del PAN- deberá pasar durante el actual período ordinario de sesiones. Por coincidencia, la fecha se cierra el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes según la Iglesia Católica.
Los panistas han puesto sobre la mesa los votos de los 114 diputados federales y de los 38 senadores de Acción Nacional, en cuyo convencimiento trabajan los dos coordinadores -Preciado en el Senado, Villarreal en San Lázaro- y los cuales se sumarían a los priistas y los de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
Con ellos, deducen sus cuentas, pasaría la reforma constitucional sin necesidad de los sufragios de la izquierda.
INE busca corregir abusos de órganos estatales
Con las posturas contrastadas que dejó el debate por la reforma fiscal, el consejo Rector del Pacto por México ahora busca, a como dé lugar, que se apruebe una reforma político-electoral con el principal objetivo de acabar con las deformaciones y abusos de los institutos electorales estatales.
Es innegable que haya posiciones de alto contraste por la falta de acuerdos en torno a la reforma fiscal, dijo el panista Marco Antonio Adame. Ahora, con igual número de propuestas y contrapropuestas, las negociaciones se centran en lo político y electoral, que sería la siguiente reforma impulsada desde el Pacto por México.
El interlocutor del Acción Nacional detalló a 24 HORAS que el consejo rector analiza uno de los principales puntos de la reforma político-electoral es que con la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) o súper IFE, se podrían retomar algunas funciones y prácticas del Instituto Federal Electoral.
Presiones del gobierno
En medio de las propuestas y contrapropuestas, el gobierno federal presiona a los integrantes del acuerdo político para impedir el cierre de los institutos electorales locales y darle paso al súper IFE que se encargue de todas las elecciones, incluso en municipios y estados.
Diversos institutos electorales en los estados rechazan el cierre de estos organismos locales, propuesta impulsada por dos actores del Pacto, el PAN y PRD.
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