La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 44/2013 al Ejecutivo de Chihuahua por “indebida procuración de justicia” contra la activista Marisela Escobedo y tres personas víctimas y ofendidas del delito, a quienes, dijo, se les violaron sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, trato digno, a la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad.

 

En un comunicado refirió que el 16 de mayo de 2010 la mujer presentó una queja ante el organismo en la que informó que en abril de ese año inició protestas para exigir a los jueces a cargo del juicio por el homicidio de su hija emitir la pena máxima contra el responsable.

 

Sin embargo las autoridades jurisdiccionales emitieron sentencia absolutoria poniendo al presunto homicida en libertad, aunque en segunda instancia se revocó el fallo, ordenando su aprehensión.

 

“En consecuencia, la señora Escobedo Ortiz se dio a la tarea de dar con su paradero por lo que el 13 de julio de ese año tuvo conocimiento que éste se encontraba en Fresnillo, Zacatecas, lo que denunció a la Dirección de Seguridad Pública del municipio sin que se lograra su detención”, refirió.

 

El 16 de diciembre de 2010 la activista en derechos humanos fue asesinada frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mientras realizaba una manifestación pacífica.

 

Esto, aclaró, derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chihuahua y de la actual Fiscalía General de la entidad.

 

El organismo recomendó en ese sentido que se ofrezca una disculpa pública a los familiares de Marisela Escobedo Ortiz, se reconozca la violación a los derechos humanos y se den a conocer las medidas que se tomarán para garantizar la no repetición de esos actos.

 

El Ejecutivo estatal deberá instruir al fiscal para que ponga en marcha acciones que den a los familiares de la activista atención médica, psicológica, social y material necesaria hasta que terminen los padecimientos psíquicos y médicos por la pérdida.

 

En la recomendación 44/2013 se “insiste al fiscal general del estado a fin de que se realicen todas las acciones necesarias para la debida integración y determinación de las carpetas de investigación iniciada por los delitos de amenazas y homicidios en agravio de la mujer, respectivamente”.

 

También que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de la dependencia observen los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos.

 

La CNDH recomendó de manera adicional que se diseñen e impartan programas de capacitación y formación para los agentes del Ministerio Público en atención a víctimas.