CARACAS. La mayoría parlamentaria chavista aprobó el desafuero de la diputada opositora María Aranguren, a quien acusan de corrupción. Era la legisladora 99, necesaria para cumplir los tres quintos que requiere la Constitución venezolana para aprobar la Ley Habilitante, con la cual el presidente Nicolás Maduro gobernará con “superpoderes” y a golpe de decreto durante los próximos 12 meses.
El escaño de Aranguren, elegida en 2010 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien dos años después se pasó a la oposición, será asumido por su suplente Carlos Flores, considerado chavista por el oficialismo.
En cinco minutos que tuvo durante la sesión para defenderse, la diputada afirmó que “son falsas” las acusaciones en su contra y estimó que “obviamente esto es una retaliación política”. Y agregó: “es despreciable que ustedes obtengan respeto solamente a punta de miedo, a punta de amenazas“.
El retiro de la inmunidad parlamentaria a la legisladora busca “entregarle en bandeja de plata el voto 99” a Maduro para “resolver entre comillas los problemas del pueblo”, afirmó el legislador Jesús Domínguez, criticando que el presidente pida los superpoderes para enfrentar varios problemas del país, entre ellos la situación económica y la corrupción.
Los parlamentarios chavistas votaron el desafuero a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la semana pasada este ente resolvió que hay méritos para enjuiciar a Aranguren por presunto peculado, asociación para delinquir y legitimación de capitales durante cargos públicos que desempeñó en el estado de Monagas.
Apoyo militar
En el sexto día de la orden de rebajas de precios lanzada por Maduro a los comerciantes, las tiendas de Caracas recibieron a visita de las milicias chavistas, responsables de hacer cumplir la normativa. Los uniformados acompañaron a los fiscales de Indepabis, a cargo de las clausuras.
“El coronel Rafael García, jefe de las milicias, alertó que el comerciante que no se ajuste al mandato presidencial y exceda el 30% de ganancia en la mercancía, con el apoyo de la Guardia Nacional, se le cerrará el negocio. “Pondremos en la calle toda la mercancía” dijo en declaraciones recogidas por el diario venezolano El Universal.
Maduro anunció que su particular ofensiva contra los precios se ampliará de los electrodomésticos al sector automotriz y, anunció que ya tiene lista la “ley de precios, costos y ganancias” que introducirá si es aprobada la ley habilitante, con la que pretende establecer “precios justos” en productos y servicios para la población.
Las principales ciudades de Venezuela ya se habitúan a las escenas de filas ante negocios de electrodomésticos, con cientos de personas que tratan de conseguir un televisor, una lavadora después de que Maduro optara por intervenir con la Guardia Nacional (policía militarizada) y la Fiscalía los negocios “especuladores”.
El anuncio, que se realiza en momentos en que la inflación llega al 49.9% y el dólar paralelo ilegal se cotiza hasta ocho veces por encima del valor oficial de 6.3 bolívares, generó la respuesta inmediata de la gente y degeneró en actos de saqueo el pasado fin de semana.
El líder opositor Henrique Capriles salió al paso de las medidas de Maduro y aseguró que la economía del país “no se soluciona con decretos, con el uso de la fuerza, con tener a la Fuerza Armada ocupada para que no hayan saqueos; un país no se construye así”.
Capriles responsabilizó al gobierno de la crisis económica y de la corrupción que ha generado el sistema de control de cambios que desde 2003 impide el libre acceso a la compraventa de divisas.
Posterga Mercosur
El presidente venezolano también anunció que la cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se iba a realizar en Caracas a mediados de diciembre se postergó a 17 enero próximo. El mandatario bolivariano hizo el anuncio junto a su par de Uruguay, José “Pepe” Mujica.”Hemos pasado revista al Mercosur, acordamos seguir trabajando por acercar las relaciones entre nuestros países, y por mejorar y facilitar el regreso de Paraguay”, país que fue suspendido en julio del año pasado, durante una cumbre en Mendoza, a raíz de la destitución irregular del ex presidente Fernando Lugo, cónclave en el que, además, se dispuso la incorporación de Venezuela, algo que el Senado paraguayo se rechazaba, y todavía lo hace.