En México se vive una epidemia causada por el aumento de homicidios, esto de acuerdo con los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el país se registran entre 20 y 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, revela el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además, una de las principales amenazas para la seguridad de los ciudadanos es el crimen organizado, vinculados a delitos como extorsión, secuestro, tráfico y trata de personas. Asimismo, la delincuencia organizada potencia otras amenazas y profundiza las vulnerabilidades de la democracia a través de la corrupción e impunidad, indica el informe.
Las víctimas de secuestro y extorsión tienen miedo de las represalias contra ellas y sus familias, por lo que prefieren pagar rescates y la cuota que exigen grupos criminales antes de acudir a la justicia.
Otros factores que generan inseguridad en la ciudadanía, dice la ONU, son el delito callejero, la violencia de género, la corrupción, la violencia ilegal por parte de funcionarios del gobierno y crímenes ejercidos por y en contra de los jóvenes.
La mayoría de los jóvenes que se involucraron con la violencia, son personas que no concluyeron la preparatoria. Algunos estudios revelan que cuando los jóvenes en situación de vulnerabilidad se mantienen en la escuela durante la adolescencia, se reduce su participación en el crimen.
Por lo regular, los delitos cometidos por jóvenes se desarrollan en grupos que van desde las barras deportivas, hasta pandillas criminales altamente jerarquizada. Se estima que en México hay por lo menos 30 mil menores que cooperan con la delincuencia organizada y realizan actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas, hasta la piratería y el narcotráfico.
Las agresiones contra mujeres y niñas son un problema en toda América Latina, se puede manifestar tanto en el ámbito privado como en el espacio público. De acuerdo a la encuesta LAPOP-PNUD 2012, un tercio de las mujeres ha sido víctima en su propio hogar, mientras que dos tercios han recibido agresiones fuera de sus domicilios.
Los representantes del Estado pueden incurrir en abuso de autoridad, participación directa de funcionarios con el crimen organizado, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. Este tipo de delitos también repercuten en las instituciones del Estado.
En este sentido, existen dos grupos que participan en la violencia ilegal: en el primero se involucran a personas miembros de las instituciones gubernamentales, es decir, militares, policías o miembros de organismos de seguridad. El otro grupo, que no forma parte del Estado, cuenta con patrocinios por parte de funcionarios, aquí se involucran paramilitares, defensas civiles y grupos de vigilantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han ido en aumento en Latinoamérica, en especial en países donde se produjeron quiebres democráticos, conflictos armados o enfrentamientos con grupos del crimen organizado.
RECOMENDACIONES
El documento sugiere diez recomendaciones para disminuir la inseguridad en América Latina
1. Alinear esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia
2. Generar políticas orientadas a proteger a las personas afectadas
3. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad
4. Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para reducir la impunidad.
5. Potenciar la participación de la sociedad, especialmente en las comunidades locales
6. Incrementar las oportunidades de desarrollo humano para los jóvenes.
7. Atender y prevenir la violencia de género tanto en el espacio doméstico como en el ámbito público
8. Salvaguardar los derechos de las víctimas
9. Reducir y regular el alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva de salud pública
10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional
