HONG KONG. China anunció hoy un ambicioso paquete de reformas que, de implementarse en los próximos años, supondría la mayor modernización de su sistema legal, social y económico en años.
Cuatro días después de que terminara el 18 plenario del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), el gobierno decidió anunciar su batería de reformas para los próximos años: abolición del sistema de reeducación por el trabajo, flexibilización de la política del hijo único, reforma del sistema financiero y del potente sector estatal.
El viceprimer ministro, Wang Yang, dijo que las medidas suponen una “innovación mayor y un gran avance que están destinados a generar un gran dividendo”.
Las reformas
En el campo social, las dos medidas más significativas son la abolición de la “reeducación por medio del trabajo”, el denominado “laojiao” en mandarín, un sistema importado de la Unión Soviética aplicado contra activistas, disidentes, prostitutas y drogadictos, entre otros.
China llevaba meses debatiendo la posibilidad de reformar, o incluso abolir, la práctica de enviar a prisioneros a campos de trabajo, considerada por las organizaciones defensoras de derechos humanos como inhumana y anticuada.
El sistema, vigente gracias a la existencia de 310 campos y unos 310 mil prisioneros, se seguía aplicando hoy y su estructura legal permitía a oficiales de seguridad pública detener a gente hasta cuatro años en estos campos sin que hubiera un juicio.
La segunda gran medida es la flexibilización de la política de hijo único, al permitir tener dos hijos a parejas compuestas por solo uno de los miembros hijos únicos, en contraposición a la normativa actual, que exigía un padre y una madre sin hermanos para poder tener dos descendientes.
Esta decisión no sólo supone un importante paso adelante en la flexibilización de las libertades individuales, sino que responde a las necesidades económicas de una China muy distinta a la de la década de 1970, cuando los gobernantes comunistas instauraron el control de la natalidad para revertir el crecimiento exponencial de la población alentado por Mao Zedong.
Los expertos y oficiales llevaban años cuestionando la validez de la política, en especial en un momento en que la población china se enfrenta a un problema acuciante de envejecimiento que pone en cuestión la posibilidad de mantener el sistema social, porque el país pasará de tener 185 millones de ancianos a 487 millones en apenas cuatro décadas.
El documento publicado por el Partido Comunista, en el que se detalla en 60 puntos las reformas acordadas por la dirección, también menciona la reducción “paso a paso” de los crímenes susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, así como la reforma del sistema de registro para limitar la movilidad dentro del territorio chino.
En vigor desde hace varias décadas, el “hukou” es una especie de pasaporte interno que fija el lugar de residencia de un ciudadano chino y que, de incumplirse, desposee a la persona y a sus hijos de servicios como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda, creando ciudadanos de primera y segunda clase en una misma urbe.
De esta forma, Pekín limita la migración del campo a la ciudad (oeste a este del país, por lo general), adonde los emigrantes van en busca de mejores oportunidades laborales.
El documento indica que Pekín flexibilizará esta política para los migrantes que se instalen en “ciudades medias” y en “pequeñas ciudades”, lo que indica que por el momento la movilidad hacia urbes como Shanghai, Pekín o Cantón permanecerá regulada.
El segundo campo de acción del paquete de reformas está destinado a modernizar la economía china, en particular a liberalizar algunos sectores total o parcialmente, así como a permitir que más recursos generados por las empresas estatales fluyan hacia el sistema social.
China exigirá a las empresas que paguen un dividendo del 30 por ciento de sus beneficios al gobierno en el año 2020, en contraposición al máximo del 15 por ciento actual, con el objetivo de destinarlo a inversión pública.
Ello reducirá previsiblemente las capacidades de autofinanciación e inversión de las poderosas empresas estatales, que los últimos años han destinado sus cuantiosos beneficiosos a expandirse nacional e internacionalmente.
El PCCh anunció también que reducirá los monopolios del Estado, con el fin de permitir mayor competitividad, y abrirá rubros al sector privado, como el ramo bancario, que en adelante permitirá la creación de bancos pequeños y medianos con capital privado.