No. No es broma. Es cierto. El martes 12 de noviembre, el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a México como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos para 2014-2016. Fueron 135 votos a favor, de 193. El otro representante de América Latina y el Caribe en este Consejo es Cuba.
México formará parte de este Consejo, con sede en Ginebra, Suiza, y junto con los 47 países integrantes, emitirá informes periódicos sobre la situación de estas garantías en los Estados miembros de la ONU, además de que coordinará a los relatores especiales y grupos de trabajo y emitirá resoluciones sobre temas de violación a los derechos humanos.
Esta vez fueron elegidos 14 nuevos países, entre los que se encuentran China y Rusia (además de Argelia, Francia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Macedonia, Reino Unido y Vietnam).
Independientemente del grado de respeto a los derechos humanos en los países consejeros, el caso de México resulta sorprendente. Tiene que ver con un gran esfuerzo diplomático y de cabildeo; pero de ahí, detrás de la puerta, el gobierno mexicano no tiene mucho de qué presumir en asuntos de respeto a los derechos humanos.
Sorprende que la ONU lo eligiera, luego de que hasta hace muy poco tiempo emitía recomendaciones muy graves al gobierno de México por violación a los derechos humanos aquí.
Tan sólo el 23 de octubre pasado, en Ginebra, con motivo del informe final del Examen Periódico Universal (EPU-ONU) en el que se encuentran serias recomendaciones de otros países al nuestro, el Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, aceptó que en el país aún existen rezagos importantes en la materia.
“Subsisten rezagos importantes y retos por superar. En materia de derechos humanos cualquier esfuerzo siempre es susceptible de mejorarse y debe intensificarse”.
Uno de ellos, el arraigo. Desde 2002 la ONU ha pedido con insistencia que deje de aplicarse porque es un atentado a los derechos humanos por encima de la presunción de inocencia. México se ha negado a aceptar las recomendaciones. Estonia, Bélgica, Austria, Alemania y Francia recomendaron eliminar esta práctica por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Según datos de la PGR, entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 se realizaron siete mil 984 arraigos, de los cuales en 464 casos las personas fueron liberadas sin enfrentar proceso penal.
Ese 23 de octubre se le leyó la cartilla a México. En total fueron 87 naciones que hicieron recomendaciones urgentes: agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, desapariciones forzadas de personas, fuero militar, violencia contra las mujeres, violencia contra migrantes, erradicación de la pobreza, tortura…: puntos graves del cotidiano mexicano.
Unos días antes de esta comparecencia, de manera estratégica, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, envió iniciativas de reforma en materia de derechos humanos, carta que la delegación mexicana llevaba bajo la manga.
El canciller José Antonio Meade dijo ahí que en México se elabora el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y dio paso a que integrantes de la sorprendentemente numerosa delegación mexicana (a lo Echeverría: 40 funcionarios y dos integrantes de la CNDH) como el general Alejandro Ramos argumentara que el fuero militar, presente en la Constitución, no es un privilegio y tiene por objeto preservar la disciplina militar, lo que no se traduce en impunidad.
Habló el ombudsman de México, Raúl Plascencia, quien sorprendió a todos ahí porque “rompiendo las reglas no escritas de la diplomacia de los países ante la ONU, formó parte de la delegación oficial de México y se sentó con los funcionarios en la tribuna, pese a ser un órgano autónomo y no representar a un poder de la unión”. Serbia e India recomendaron a México la importancia de mantener y garantizar la independencia de los defensores del pueblo.
Pues ya está: que desapariciones forzadas, agravios a personas, arraigo, atentado a periodistas y representantes de derechos humanos, obtención de declaraciones bajo tortura, fuero militar y en muchos casos muertes por sospecha son pecados inconfesables del gobierno mexicano en una responsabilidad para la que, seguramente, tendrá que limpiar su casa, si no, ¿con qué cara?, que se dice. ¿O fue para eso la elección? En fin. Paradojas de las instituciones internacionales.
O, acaso, paradojas del gobierno mexicano que sabiendo lo que ocurre aquí y ahora, buscó ser el paladín que habrá de calificar a quienes cometan atentados a los derechos humanos en el mundo… Aunque usted no lo crea.