Una de las líneas de investigación, de varias que se estudian, sobre el jet inhabilitado en Venezuela, apunta a que la aeronave pudo ser utilizada para el transporte de dinero producto de actividades ilícitas, informaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para este caso, la PGR sigue el mismo protocolo que se aplicó en el asunto de las falsas camionetas de Televisa aseguradas en Nicaragua, y que se utilizaron para trasladar 9.2 millones de dólares vinculados a la delincuencia organizada.
No se trata, indicaron a 24 HORAS las fuentes consultadas, de que el caso en Nicaragua y el jet destruido en Venezuela tengan relación, pero sí hay similitud en el modus operandi, como la operación delictiva trasnacional y el uso de documentos e identidades falsas, por lo que la averiguación sigue la misma ruta.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la aeronave matrícula XB GMG estaba llena de cocaína, pero no ha proporcionado ninguna prueba de ello.
Este diario publicó el pasado viernes que la aeronave tipo Hawker Siddeley no sirve para el transporte de carga sino de personas. El especialista de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Alexei Chévez, dijo que la operación de dicha aeronave dificulta que pase de forma inadvertida, por lo que los delincuentes prefieren otras para el traslado de drogas como el Beechcraft King Air.
Se espera que esta semana se den a conocer avances oficiales en torno al caso o al menos el trabajo que se ha realizado.
El protocolo
La investigación se lleva a cabo en tres fases: la verificación del dueño del aparato, la identificación de tripulantes y comprobación del trayecto.
La averiguación previa por el caso del jet derribado se inició, como ocurrió en el asunto de Nicaragua, en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, mientras se obtienen datos más precisos.
En el asunto de las camionetas que tenían logos de Televisa y fueron aseguradas el año pasado en el país centroamericano, con dinero en su interior, la PGR trabajó primero en la verificación de los dueños de las unidades, después en la identificación de ocupantes que usaron pasaportes y credenciales falsas, y luego en la ruta y motivo de los vehículos.
Para el caso de jet, se giraron instrucciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desde la semana pasada para que se revisara al supuesto propietario de la aeronave, de nombre Jorge Salazar Ochoa, y en segunda instancia se comprobará quiénes eran los tripulantes y pasajeros que también usaron pasaportes apócrifos.
Como tercer paso, en colaboración con otras autoridades federales que tienen competencia como el CISEN y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se revisa si se cumplimentó la ruta y plan de vuelo que tenía la aeronave desde que salió de Querétaro.
Sin datos venezolanos
A diferencia del caso de Nicaragua, donde hubo desde un inicio algunos canales de comunicación, en la PGR indicaron que no se había recibido hasta este fin de semana un sólo dato o evidencia de Venezuela que sea de utilidad como elementos de prueba para la averiguación.
Autoridades federales indicaron que a través de Cancillería y de la referida Subprocuraduría se han solicitado los datos primarios en torno al hecho que puedan facilitar la indagatoria, pero a más de una semana de las solicitudes no se ha entregado ninguna información sólida.
En el caso Nicaragua se logró asegurar las unidades con sus ocupantes. En Venezuela se destruyó el aparato y se desconoce el paradero de los tripulantes.