De manera unánime, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.
Con 38 votos a favor, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias celebraron la aprobación de esta iniciativa y señalaron que el objetivo fundamental de esta ley es establecer disposiciones legales mínimas que regulen la operación y funcionamiento de los Centros de Reclusión en la capital del país.
Esta iniciativa se presentó al plano el pasado 26 de abril y tuvo un proceso de análisis, comparación e inclusión de voces nacionales e internacionales.
Al fundamentar el dictamen, la promovente de dicha ley, la panista Olivia Garza de los Santos, comentó que, tras nueve meses de trabajo se logró incluir en la ley las voces de las organizaciones civiles, organismos internacionales y especialistas en la materia.
“Hoy se aprueba la Asamblea Legislativa una ley de vanguardia, que servirá de marco a nivel nacional para la creación de leyes similares en las otras entidades federativas del país, tenemos una herramienta para regular la vida al interior de los penales”, mencionó.
La también presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF manifestó que dicha iniciativa se planeó con el propósito de crear las disposiciones mínimas que debe cumplir el Sistema Penitenciario en la Ciudad de México y que va desde alimentación hasta visitas, temas que se buscan regular.
Indicó que aunque la ley ya fue aprobada, ahora viene la parte más difícil del proceso legislativo, que es lograr concretar su publicación y aplicación.
En paralelo a la aplicación de la ley, Garza de los Santos informó que continuará impulsando el proceso de certificación de los penales capitalinos por parte del gobierno de los Estados Unidos, con la intención de generar todos los beneficios posibles al sistema penitenciario.
Esta nueva ley busca garantizar actividades físicas para los reos, hacer llamadas telefónicas, la implementación de medidas sanitarias para el control de enfermedades adentro de los penales, el respeto a los derechos humanos y fomentar el Servicio Profesional de Carrera Penitenciario.