CARACAS. El Parlamento venezolano aprobó en segunda discusión la concesión de los polémicos superpoderes para el presidente Nicolás Maduro, lo que le permitirá gobernar por decreto durante un año. Minutos después del anuncio, con camisas rojas y afiches, los chavistas se concentraron en las afueras del Palacio de Miraflores para arropar al mandatario.
En un acto desde el Palacio de Miraflores, los diputados oficialistas le entregaron la “ley Habilitante” formalmente. “avanzaremos en la derrota de la guerra económica que han hecho contra nuestro pueblo”, afirmó Maduro no bien recibió el documento que respalda sus superpoderes por 12 meses.
En el marco del anuncio, el presidente Nicolás Maduro, anunció que hoy promulgará dos leyes para enfrentar la corrupción y la “guerra económica”, que, asegura, afronta su gobierno, “son la nueva Ley de Costos, Ganancia y Protección de Precios Justos y la nueva Ley de Comercio Exterior para garantizar el control de las importaciones y la promoción de las exportaciones de Venezuela. Yo aspiro, inmediatamente amanezca, salgan esas dos leyes”, dijo el mandatario.
Agregó que en el marco de esas leyes que aprobará hoy también se realizará, entre jueves y viernes, el “registro único de pequeños y medianos comerciantes del país” con la finalidad de “protegerlos” de los mayoristas y beneficiarlos con créditos e inversiones.
Maduro solicitó la Ley Habilitante al Parlamento el pasado 8 de octubre, unos poderes especiales que usará, ha dicho, para “adecentar” el país y buscar soluciones económicas. El oficialismo contó con la mayoría cualificada de tres quintos de los votos para aprobar estos poderes gracias al sí de un suplente, quien asumió su escaño el pasado martes, tras el levantamiento de la inmunidad de una diputada disidente del chavismo para que sea enjuiciada por supuestos delitos anteriores al 2010, año en el que fue electa.
Con la Habilitante, Maduro podrá gobernar durante un año, como solicitó, sin que las leyes que él considere necesarias pasen por el Parlamento, algo que le permitirá, en sus palabras, llevar la lucha contra la corrupción a una “nueva dimensión”.
Parte de esa “ofensiva” contra la guerra económica son las órdenes de intervenir varias cadenas de electrodomésticos y controles en establecimientos de juguetes, ropa o repuestos de automóviles que ahora deben vender a “precios justos”, hasta 70% más bajos.
El gobierno venezolano acusó a los dueños de los establecimientos controlados márgenes de ganancia del 1000%, así como de fraude a la hora de adquirir las divisas preferenciales que controla el Estado.