Un tribunal ordenó hoy a la Fiscalía federal indemnizar a las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por los daños causados a raíz de su detención por el supuesto secuestro de servidores públicos.
Las dos indígenas fueron arrestadas en marzo de 2006 y acusadas de secuestro de seis agentes federales, así como de posesión de cocaína, y liberadas por falta de pruebas en 2010 por un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó hoy a la PGR, a “reparar el daño causado a las indígenas otomíes del estado de Querétaro”.
Se ordenó pagarles una suma de dinero “por concepto de la indemnización del daño patrimonial y moral que sufrieron a causa de la irregularidad administrativa en que incurrió la autoridad responsable” y reconocer la inocencia de ambas en los mismos medios donde fue publicada la acusación de que fueron objeto.
Este fallo reconoce el derecho de las víctimas de las instituciones de justicia a la reparación del daño patrimonial y emocional, como quedó establecido en la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.
Las indemnización contempla el daño patrimonial debido a que las dos mujeres no trabajaron durante el tiempo que estuvieron en la cárcel; y el moral ya que fue “lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación y que su pueblo les haya perdido el respeto”.
Este es el primer caso en el que el las autoridades mexicanas se verán obligadas a reparar los daños causados por una violación a los derechos humanos, afirmó el abogado de las indígenas.