El Poder Judicial Federal deberá crecer su capacidad actual 50% en sólo 31 meses, el tiempo que queda de plazo para la instalación total del Sistema Penal Acusatorio.
Para lograr este objetivo se requieren 7 mil millones de pesos, 44 inmuebles, 309 salas penales, 300 jueces federales, 315 magistrados, así como la selección y capacitación de los mismos, pero sobre todo, que sea aprobado y publicado el Código Penal Único. Hasta el momento no existe ninguna de estas condiciones.
Desde que se aprobaron las reformas, en el 2008, sólo se ha logrado la capacitación de 80% del personal judicial en materia de juicios orales, ahora, en dos años y siete meses se pretende repuntar en esta situación.
Al respecto, José Nieves Luna Castro, encargado de la Unidad de Implementación para las Reformas Penales de Juicio de Amparo y Derecho Humanos, reconoció que el avance en la infraestructura para la aplicación del Sistema Penal Acusatorio a nivel federal es nulo pues hasta el momento no se ha construido ninguno de los 44 edificios que deberán albergar 309 salas penales del Poder Judicial Federal.
“En el tema de la capacitación nosotros llevaríamos un 80 por ciento, 70 u 80 por ciento de avance, en la capacitación. En infraestructura sí estamos en cero porque vamos a arrancar a construir. Si lo aglomeramos todo, decimos, en qué nivel estamos de la implementación, incluyendo infraestructura y todo lo demás, pues estamos todavía en fase de planeación porque esta planeación se está desarrollando en diferentes ejes”, dijo el magistrado en conferencia de prensa.
Explicó que para el mes de junio del 2016 deberá quedar instaurado el nuevo sistema, el cual tendrá un costo total de 7 mil millones de pesos sólo a nivel federal.
Así, se prevé que la plantilla de jueces federales aumente 100%, pues se requiere al menos 300 togados más, al igual que 315 magistrados; en términos globales dicha plantilla se incrementará 50%.
Hay un retraso importante en la aplicación de la oralidad, pues “se pudo haber hecho más, pero no se hizo”, reconoció el servidor público y precisó que una de las principales causas es que hasta el momento no hay un código penal federal que fuera una “guía” para la aplicación del nuevo sistema.
Confió en que en los próximos días se apruebe el Código Penal Único en el Senado de la República, de lo contrario no se podrá echar a andar la oralidad.
“…algunos se han retenido, ya estaban preparados pero se han detenido porque al venir el Código Nacional, obviamente esto les representa un cambio, entonces han estado esperando estos meses para aplicar mejor el nuevo código que va a ser para toda la república…. Entonces esto ha venido de alguna manera, en algunos estados, a frenar la implementación pero están preparados”.
Detalló que para el 2014 se han solicitado 4 mil millones de pesos extras al presupuesto anual destinado al Consejo de la Judicatura, y con ello construir los 44 inmuebles donde se ubicarán los Centros de Justicia Penal Federal.
A través del Consejo Coordinador se conformó un grupo interdisciplinario el cual está encargado de buscar los recursos necesarios para la aplicación del Sistema, y se ha pedido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e incluso se tiene contemplado recurrir a la Iniciativa Mérida para solicitar apoyo para la aplicación del Sistema Adversarial.
“Iniciativa Mérida incluido, en diciembre viene la próxima reunión del Consejo Coordinador, que nos va a tocar estar como representantes del Grupo Interinstitucional y una de las cuestiones que se tienen es que la Iniciativa Mérida va a apoyar a los estados de la República para infraestructura”, dijo el magistrado.
Hasta el momento, sólo se tienen dos proyectos para la edificar los complejos judiciales en Durango y Baja California. Se pretende que los inmuebles sean construidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, contratados para este fin, pues con ellos se tendría un costo menor.
Detalló que por el tiempo y el número de edificios que se tienen que construir se recurrirán a empresas privadas a través de licitaciones, para que se realice el resto de los edificios.
Cabe destacar que el costo se pudo haberse elevado más, pero las autoridades judiciales han logrado que cerca de 80% de los gobiernos estatales haga donaciones de los terrenos para edificar las instalaciones de los Centros de Justicia.
Luna Castro destacó que no será necesario incrementar la plantilla laboral de cada juzgado, pues una de las prioridades del Sistema Penal es agilizar la impartición de justicia, por ello, habrá más jueces, pero no más personal de apoyo.
En su momento, María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de la Coordinación de Política y Seguridad del Gobierno Federal, mencionó sólo tres estados del país han aplicado en su totalidad el sistema adversarial procesal: Morelos, Chihuahua y Estado de México.
Asimismo, 13 entidades más han notificado que el año que entra estará implementando paulatinamente del proyecto judicial, mientras que otras siete, entre ellas el DF, mencionaron que será hasta el 2015 cuando así lo hagan.
La encargada de supervisar el avance del nuevo sistema judicial y ministerial en el país, reconoció que ha tenido que enviar cartas personalizadas a gobernadores de algunas entidades, entre ellas el DF, así como a los congresos locales para informarlos sobre la cantidad de dinero que se debe invertir para aplicar las reformas penales.