Con la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entra en vigor el día de hoy luego de su publicación este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Gobernación (Segob) será la responsable de la política de igualdad de género.
De acuerdo con la modificación al artículo tercero de dicha ley, la Federación, a través de la Segob, será quien formule, conduzca y vigile el cumplimiento de las acciones y estrategias con perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en coordinación con entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, el decreto precisa que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o entidades federativas, así como organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.
La declaratoria será atendida en los siguientes cinco días hábiles de ser aceptada y participarán diversos actores de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Inmujeres y académicos de instituciones especializadas en violencia contra las mujeres para su valoración, lo que no ocurría anteriormente.
No obstante, para María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), este hecho significa poner nuevos obstáculos a la impartición de justicia y a la implementación de mecanismos de seguridad para mujeres como es la Alerta de Violencia de Género en entidades donde se requiera.
En entrevista telefónica, la experta aseveró que la reforma publicada este lunes en el DOF no beneficia a la impartición de justicia, debido a que el grupo interinstitucional que valorará la emisión de dicha alerta no cuenta con la participación de quienes soliciten la misma.
“Sacan del proceso para determinar la declaratoria a las peticionarias, que somos organizaciones con interés jurídico y legítimo. Sólo podemos solicitar la declaratoria, pero en adelante no somos partícipes de la resolución”.
Además, la activista mencionó que en el grupo que valorará la alerta de violencia de género en un estado, la nueva ley consideró a un representante de la misma entidad en la que se solicite la declaratoria, lo que hace que el proceso deje de ser imparcial.
Gastan la mitad del presupuesto en tres meses
En sólo tres meses, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres gastó 135 millones de pesos, es decir, la mitad de su presupuesto de este año, después de un subejercicio en la primera mitad del año.
De acuerdo con el avance presupuestario de los programas de la Secretaría de Hacienda, de enero a junio de este año, el programa –que depende de la Secretaría de Desarrollo Social-, apenas había ejercido 93 millones de pesos, que equivalen a 36% de los 258 millones de pesos asignados.
Sin embargo, en el informe de septiembre se reportó un avance de 88% del gasto utilizado a lo largo de este año, lo que significa que en tan sólo tres meses ejerció 135 millones de pesos.
Según el portal de internet del programa, su objetivo es contribuir a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a través de las acciones que realizan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
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