Este primero de diciembre se cumple un año de la aparición de grupos violentos en las marchas en la ciudad de México, lo que generó hasta ahora dos reformas al mismo artículo 362 del Código Penal capitalino, en sentidos opuestos.
El pasado 19 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el aumento a las sanciones en manifestaciones públicas cuando se cometa robo, daño en propiedad ajena y lesiones, tipificándola de delito grave y sin derecho a fianza.
Uno de los promotores, Arturo Santana del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que el DF, por ser capital del país concentra el mayor número de protestas y “no podemos permitir que existan personas que bajo el anonimato de una máscara lesionen y lastimen” a los policías, así como tampoco que se ocasionen “daños a monumentos, a comercio y saqueos a establecimientos” con el pretexto del libre ejercicio de la manifestación.
Sin embargo la modificación a la ley vino a reparar lo que a casi once meses, los mismos diputados locales habían reformado.
El 26 de diciembre de 2012, la ALDF modificó el citado artículo para reducir las penas que castigaban los ataques a la paz pública colocándolas entre dos y siete años de cárcel con derecho a fianza.
Esto luego de la inusitada aparición de grupos denominados “anarquistas” que violentaron las protestas en contra de la asunción de Enrique Peña Nieto a la presidencia dejaron un total de 69 personas detenidas y 12 más menores de edad, de las cuales sólo uno fue sentenciado a dos años de prisión y el resto quedó en libertad, aunque algunos continúan con proceso vigente.
En esa ocasión la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Procuraduría capitalina por brutalidad policial, violación a los derechos humanos de los detenidos y fallas en el sistema judicial.