Con la exigencia de liberar a presos políticos de Guerrero y la amenaza de que por cada hombre de ellos que sea asesinado, asesinarán a 10, ayer se dio a conocer la guerrilla autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).
Mediante un comunicado, dado a conocer en la zona de La Montaña, los comandantes “Emilio”, “Camilo” y “Esperanza”, dijeron que tienen presencia en la Costa Chica, en la Montaña y en Acapulco, área que este tipo de movimientos no habían alcanzado.
Las FAR-LP demandaron que se presenten con vida a todos los desaparecidos e invitaron al pueblo a organizar la autodefensa de los pueblos. Además exigieron el esclarecimiento de crímenes contra luchadores sociales, así como la liberación de los líderes de las policías comunitarias, y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Apenas el sábado, Arturo Campos Herrero, consejero regional de la CRAC, fue detenido tras una protesta en la que se exigía la liberación de comunitario de El Paraíso. Este año han sido aprehendidos Nestora Salgado y Gonzalo Medina, de esta misma organización; así como Tomás de Jesús Barranco, Ángel Guillermo Martínez, detenidos en 1999.
El texto hace referencia a otros líderes asesinados como la ecologista Fabiola Osorio, la dirigente de los desplazados de La Laguna, Juventina Villa Mojica y a su hijo, los miembros de la Organización Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez.
Así como a Rocío Mesino de la Organización de Campesinos del Sur, y a los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
Vestidos con ropa oscura, pasamontañas y gorras, y con una manta blanca con las letras FAR-LP, indicaron en el texto que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto hay políticas de represión contra organizaciones sociales; además lamentaron las muertes en la administración de gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero.
“Qué más vamos a esperar de estos gobiernos que nos aniquilan. La guerra contra el pueblo como política de Estado ha desatado una ofensiva represiva fundada en su concepción contrainsurgente contra los luchadores sociales; organizaciones populares; defensoras de los derechos humanos; ambientalistas; periodistas; líderes comunitarios; mujeres activistas por sus derechos; representantes estudiantiles y todo aquel que levante la voz y defienda al pueblo, se convierte en enemigo de este gobierno”, dicen en el comunicado de cuatro hojas.
Además, las FAR-LP dijeron rechazar la reforma educativa que representa un retroceso de 100 años y la persecución y represión de que son blanco los maestros del ala disidente.
“Peña Nieto ha impuesto las reformas laboral y educativa aniquilado de golpe las conquista de la clase trabajadora lograda a lo largo de los últimos cien años y ahora pretende entregar la riqueza petrolera a extranjeros con el apoyo de la derecha cómplice representada por el PAN”, expresan en el texto entregado a un grupo de periodistas nacionales e internacionales.
“El retorno a las armas es imprescindible, si hoy están calladas, que se oiga en los pueblos y en las ciudades, las costas y los valles, por los caminos del sur, por los caminos del mundo”, signaron.
Líderes asesinados
Durante el primer semestre de este 2013 suman 17 dirigentes sociales y activistas campesinos asesinados en Guerrero. Ninguno de los casos ha sido resuelto, ni hay registro de personas detenidas por los homicidios.
El 10 de noviembre pasado, la Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos denunció el asesinato de Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa, Lilia Gatica Rómulo, cuando estaban adentro de su casa y se disponían a desayunar, en el municipio de Coyuca de Benítez.
Una semana antes, el primo de Luis, David Romero, también fue asesinado. En junio pasado, en Iguala, los activistas Arturo Hernández, Félix Bandera y Ángel Román, de la Organización Unidad Popular fueron plagiados y después asesinados.
En agosto, el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez Flores, y su sobrino, fueron atacados a balazos, ambos murieron en Coyuca de Benítez.
Mientras que en Atoyac, en la zona de Costa Grande la lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, también fue asesinada.
El 4 de marzo, en Chilpancingo, fue hallado sin vida y señas de tortura, el auditor Salvador Becerril; cinco días después, en el mismo municipio fue asesinado el síndico de Iguala, Justino Carbajal.
El 24 de octubre, en Cosamaloapan, fue emboscado y acribillado Alberto Jiménez Rivera, dirigente de la sección 60 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
En concordancia, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, denunció ante el pleno los homicidios de otros líderes campesinos como: Juan Lucena, y José Luis Sotelo, productores cafetaleros.
Eva Alarcón, Marcial Bautista, y Juventina Villa, de diversas organizaciones campesinas.
SE EXIGE LA LIBERACIÓN DE:
Tomás de Jesús Barranco
Fue detenido sin orden de aprehensión por agentes de la Policía Judicial el 29 de agosto de 1996 en Tixtla, Guerrero, acusado de terrorismo y homicidio, por participar en una acción armada del EPR. Fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 55 mil 620 pesos, actualmente se encuentra preso en el Cefereso número 3 en Matamoros Tamaulipas.
Ángel Guillermo Martínez
Fue detenido en 1999 por presuntos vínculos con el ERPI y con por el asesinato del hijo del diputado perredista Marco Antonio López García el cual fue emboscado, actualmente se encuentra preso en el Penal de Acapulco
Gonzalo Molina González
Coordinador de la CRAC detenido el 6 de noviembre pasado, junto con Ángel David Chanita, este arresto fue porque un juez dictó la orden de aprehensión por los delitos de terrorismo, privación ilegal de la libertad y lesiones. Fueron trasladados al Centro de Readaptación Social de Guerrero.
Arturo Campos
Líder de la Coordinadora Regional de Auotdefensas Comunitarias (CRAC-PC).Fue detenido el domingo primero de diciembre pasado, y trasladado al Cereso de Acapulco por el delito de secuestro agravado.
Nestora Salgado
Coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, fue detenida en agosto de este año y enviada al penal de Tepic, acusada de secuestro agravado en contra del síndico priísta de ese municipio Armando Patrón Jiménez.
