El Senado de la República inició la sesión ordinaria de esta martes con una hora y media de retraso, en punto de las 17:00, para desahogar el dictamen para la reforma política.
Previamente, el pleno del grupo parlamentario dispensó la primera lectura de la reforma política-electoral, que incluye temas como la reelección de legisladores y presidentes municipales y declaró clausurada la sesión del lunes, pasadas las 13:00.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Raúl Cervantes Andrade, puso a consideración del pleno la dispensa del trámite de la lectura del dictamen que ya se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Acto seguido dio por concluida la sesión iniciada el lunes y citó a las 15:30 horas a una nueva sesión, durante la cual se prevé dar segunda lectura e iniciar el debate de la iniciativa.
La reforma consensuada por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) propone que el presidente de la República, en cualquier momento, pueda optar por un gobierno de coalición con uno o varios de las fuerzas políticas en el Congreso.
Además el Congreso de la Unión tendría la facultad de ratificar a todo el gabinete del presidente de la República, con excepción de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina.
Prevé que la Cámara de Senadores tenga la facultad de ratificar “siempre” al secretario de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados al titular de Hacienda y Crédito Público.
“Con esto se busca tener un mecanismo claro de corresponsabilidad y brindar una herramienta que facilite la ejecución de las acciones que resultan más importantes en la tarea administrativa”, se destaca en el documento.
La enmienda pretende transformar a la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
En este sentido se precisa que le correspondería al Senado la designación del titular de este órgano, quien duraría en el cargo nueve años, con lo que se busca dar continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia.
A su vez el fiscal tendrá la facultad para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de juicios de amparo directo, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Respecto de la toma de protesta del Ejecutivo federal para el periodo que comprende de 2018 a 2024, se pretende que inicie el 1 de diciembre de 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024 y que el siguiente mandatario comience su encargo el 1 de octubre de 2024.
Lo anterior a efecto de generar una transición más dinámica entre la fecha de los comicios, la declaratoria de presidente electo y la etapa de entrega-recepción, así como la toma de protesta de presidente.