Durante diez años, del 2002 al 2012, la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo S. A. de C. V., propiedad de Fernando Cano, fue contratada por diversas dependencias federales para la construcción de obras públicas en Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.
Los contratos, al menos los detectados, ascienden a más de 664 millones 328 mil 75 pesos; entre ellos, en dos se detectaron pagos indebidos que suman más de 2 millones de pesos.
El empresario Fernando Cano está vinculado al lavado de dinero para el Cártel del Golfo y de Los Beltrán Leyva en complicidad con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
La empresa se encuentra registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en Tamaulipas, es parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y fue parte del padrón de contratistas del gobierno de Tamaulipas en el 2007.
Los negocios de esta empresa fueron principalmente la construcción de carreteras y fue contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Administración Portuaria Integral de Altamira (APIA), la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tamaulipas.
En el 2002, la SCT en Nuevo León la contrató para obras de drenaje y pavimentos de concreto de un entronque en la Carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras bajo el contrato número 2-S-CE-A-070-W-0-2 con un costo de 13 millones 084 mil 861 pesos.
En el 2003, la misma dependencia gastó 145 mil 258 en el contrato 3-S-CB-A-035-W-0-3 para que esta empresa suministrara y colocara carpeta de concreto en el puente “El Pilón Viejo” en la carretera Cd. Victoria Monterrey en Nuevo León.
Otros contratos millonarios se detectaron en noviembre de 2008, cuando la Administración Portuaria Integral de Altamira, acordó con Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S. A. de C. V. y Comisa Construcciones y Montajes Industriales S. A. de c. V la construcción de dos cuerpos del libramiento Altamira, del km 0+000 al km 9+160, por un monto de 168 millones 909 mil 473 pesos bajo el contrato número APIALT-CP-019/08.
La Auditoría Superior de la Federación sometió este contrato a revisión en el 2009 por irregularidades en el pago y la documentación presentada. Descubrió que se hizo un pago en exceso de más de dos millones de pesos y que no existe evidencia documental del estudio y de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Con la licitación número 57075001-026-09, de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Tamaulipas, esta empresa construyó el tramo Altamira- Ej. Mariano Matamoros, del kilómetro 27+500 al 41+747, de la carretera costera del Golfo, cuyo costo fue de 78 millones 84 mil 736 pesos.
Para el 12 de marzo de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas, en una licitación pública nacional, firmó el contrato número 06CEA571W00, con Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S. A. de C. V. y Rumbo Constructora S. A. de c. V. para la construcción de un cuerpo nuevo de lado izquierdo de la carretera Zacatecas-Saltillo en el Estado de Zacatecas, incluyendo terracerías, obras de drenaje y pavimentación por el que pagó 281 millones 540 mil 618 pesos.
En el informe de resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, la ASF, detectó un pago indebido por 291 mil pesos de este contrato además de que la evidencia fotográfica de este centro SCT daba cuenta de que los “fantasmas” que debieron ser de metal fueron fabricados de PVC y no se colocaron conforme a las especificaciones correspondientes.
El Centro de la SCT Tamaulipas lanzó una licitación pública nacional para tres empresas en 2012, en la que se incluye Villa de Aguayo, para trabajos de conservación periódica en la Carretera González- Llera de Canales, en Tamaulipas, el contrato número 2-2-CB-a-504-w-0-2 costó 22 millones 966 mil 329 pesos. En 2010 ya había hecho un contrato previo por 99 millones 596 mil pesos para la construcción de un tramo de carretera en Altamira, este monto también fue sometido a una auditoria.
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