1.

EN SUSPENSO UNA DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA GASTÓN AZCÁRRAGA

 

Mientras que en la Procuraduría General de la República siguen integrando –junto con la Procuraduría Fiscal- el pliego que permitiría librar una orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga hasta por seis años, derivado de violaciones a la Ley del Mercado de Valores; en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal decidieron detener la indagatoria y declarar el no ejercicio de la acción penal.

 

Por ello Miguel Ángel Yúdico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS), presentó una queja ante la PGJDF.  Presentó una inconformidad ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México que decidieron detener la investigación respecto al desvío de fondos por el que los trabajadores de tierra de Mexicana acusan a Gastón Azcárraga.

 

Al parecer la PGJDF, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, sólo habría decidido seguir con la denuncia formulada por la venta de Grupo Mexicana de Aviación determinada en asamblea de accionistas en contra de Grupo Posadas; no obstante decidió detener las investigaciones respecto a la venta de los activos de Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico y a Tenedora K, cuyos representantes trabajan para el despacho de Jorge Gástelum.

 

Los trabajadores buscaban que las autoridades judiciales investigaran hasta qué punto Azcárraga quedó fuera del Grupo Aeronáutico; en otras palabras, buscaban indagar si la venta de las acciones de Azcárraga a Tenedora K no fue una simulación, conveniente para Azcárraga.

 

Sin embargo, la PGJDF consideró que, hasta ahora, no existían las pruebas suficientes para ordenar una orden de aprehensión en contra Gastón Azcárraga. También se consideró que los trabajadores mantuvieron intactos sus derechos laborales ante la transmisión de propiedades que realizó Grupo Posadas en 2005 durante la compra y venta de los activos de Cintra y de sus diferentes subsidiaras.

 

Mientras tanto la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) parece llevar un camino más seguro, porque al centrar su denuncia en la Ley del Mercado de Valores cuadró el delito en la violación del Artículo 383 en el que se marcan sanciones, con prisión de uno a cinco años, a las personas que difundan directamente o a través de terceros información falsa sobre valores cotizados en el mercado.

 

Los representantes legales de ASPA están seguros que, en su caso, sí se librará una orden de aprensión. La mala noticia, desde la perspectiva del SNTTTAS y de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) que dirige Ricardo Del Valle, es que se trata de un delito con una pena máxima de seis años. Lo que buscan los trabajadores es presionar ante los tribunales un acuerdo de compensación económica y, por supuesto, recuperar el control de la aerolínea.

 

Ante las autoridades judiciales también han presentado denuncias conjuntas en contra de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en específico contra su ex titular Juan Molinar Horcasitas. Esa sería una de las sorpresas del caso porque como servidor público habría fallado en su responsabilidad de no informar sobre los problemas que enfrentaba Mexicana y que, definitivamente, registraron efectos en el mercado mexicano de la aviación comercial.

 

2.

LA PUGNA POR GAP

 

Fue mediante el mercado de valores, sobre todo de Nueva York, que el presidente del Grupo México, Germán Larrea, se hizo de un paquete accionario determinante para el control corporativo de la administradora de terminales aéreas Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Desde hace varios años los estatutos de la sociedad han permanecido en un fuego cruzado y lo que se puso en tela de juicio fueron las condiciones bajo las cuales se privatizaron los aeropuertos, otorgando ciertos privilegios corporativos a los socios tecnólogos que, en su mayoría, eran de origen extranjero.

 

Esas condiciones fueron, por ejemplo, las que determinaron que el presidente del Grupo Ángeles, Olegario Vázquez Raña, decidiera vender su participación en el mismo corporativo aeroportuario. Ahora, en medio de juicios para determinar cuáles son las reglas del juego que deberá seguir el Consejo de Administración de GAP, ayer la Asamblea de Accionistas de la controladora decidió, con el voto del 60 por ciento de los inversionistas, no renovar el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (CATT) que la emisora mantenía desde 1999 con su socio estratégico Aeropuertos Mexicanos del Pacífico.

 

La salida de las españolas Aena y Abertis se anunció desde agosto pasado y se trata de una gestión que ha estado apoyada por Eduardo Sánchez Navarro, presidente del Consejo de Administración, un personaje impugnado por los accionistas que representa Grupo México con el 30 por ciento del capital.  GAP dejará de pagar al menos 130 millones de pesos por concepto de CATT, lo que definitivamente bajará el precio de salida de los socios de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico.

 

3.

ENTRAN & SALEN

 

La firma de préstamos con garantía Maxi Prenda, anunció que desde hace una semana Plutarco Antonio Parra Sosa dejó de ocupar la dirección general de la empresa en la que ha sido relevado por Arturo González Arquieta Hernández.

 

El titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, nombró a Marcos Augusto Bucio Mújica como director general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la dependencia.

 

Por su parte el secretario de Semarnat, Juan José Guerra Abud, tomó posesión del nuevo titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Javier Haro Bélchez, quien releva en el cargo a Francisco Alejandro Moreno Merino.

 

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Tabasco anunció que será Miguel Aurelio Cabrera Gutiérrez el nuevo vicepresidente de la organización.

 

Mientras que en Cozumel, Quintana Roo, el alcalde Fredy Efrén Marrufo Martín tomó protesta de los nuevos jueces cívicos locales, aunque más llamó la atención su asistencia a la presentación del nuevo representante del PRI en la entidad, el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz.

 

En Venezuela, la gerencia general de Microsoft, que comanda a nivel global el multimillonario Bill Gates, quedó de forma interina en manos de Francisco Aguilera, en espera de un nombramiento definitivo.

 

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