La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a organizaciones agrícolas de Sonora que buscan proteger el caudal del río Yaqui, y así garantizar el suministro para los campos de cultivo
Dicho benefició legal es sólo para efectos de que autoridades estatales encargadas de abastecimiento del agua los atiendan e informen sobre los actos que reclaman.
Los ministros que conforman la Primera Sala consideraron que no se les debe negar el derecho de ser escuchados en caso de considerar que se les afecta algún derecho, pues la ley establece que sean tomados en cuenta las partes perjudicadas en este tipo de determinaciones.
Después de escucharlos las autoridades responsables deben considerar la posibilidad de modificar o revocar los títulos expedidos, sin con ello se confirma que se violan los derechos y garantías de los afectados.
Para ello, la Corte consideró que se debe determinar si los títulos de asignación del manejo del río fueron expedidos en desacato a los términos y condiciones que plantean las leyes sobre el manejo del agua.
Además, que se acredite que esas cuestiones afectan de manera injustificada los derechos concesionados a las organizaciones que interpusieron el amparo.
Como parte del estudio de diversos juicios de amparo interpuestos por el Acueducto Independencia, la SCJN analizó el recurso interpuesto por la Asociación de Usuarios Protectores Agrícolas de la Sección de Riego Dieciséis, del Canal Principal Bajo, del Distrito de Riego número 041, Río Yaqui, Asociación Civil, como a la Asociación de Usuarios Protectores Agrícolas de la Sección de Riego “K-73+500”, del Canal Principal Bajo, del Distrito de Riego número 041, Río Yaqui, Asociación Civil.
Por mayoría de votos, y a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se resolvieron los amparos 268 y 269, para que la autoridad del agua les otorgue garantía de audiencia, a fin de revisar los títulos de asignación que impugnan sobre el manejo del caudal del río Yaqui.
Como parte del conflicto por el agua en Sonora, en días anteriores se dio a conocer la conformación de la Misión Social de Información, grupo integrado por expertos científicos y académicos de la UNAM, Amnistía Internacional, entre otros, y que dará un seguimiento puntual para el cumplimento de la consulta pública para el estudio de impacto ambiental que ordenó la Corte sobre el Acueducto Independencia.
También se informó sobre las omisiones del juez Décimo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Sonora, quien no ha procedido a ordenar el paro de la operación de dicha obra que sigue tomando agua de diversas presas de la zona.
Al respecto, Mario Luna Romero, secretario del Gobierno Tradicional de Vícam informó que el agua que se está tomando ni siquiera es para suministrar a Hermosillo, para lo que fue creado el Acueducto, sino que se está tirando en campos de la zona, lo que ha beneficiado a diversas rancherías.
Por ello, la tribu Yaqui en el poblado de Vícam interpuso un recurso de queja en contra del juez Décimo por omisiones en el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte.