La reforma política, aprobada por la cámara de diputados y senadores, desaparece la Unidad de Fiscalización del IFE, lo cual permite que los propios partidos políticos se puedan auditar. Los consejeros del Instituto Federal Electoral coincidieron en lo “bizarro” de ese cambio a la legislación electoral.
El tema de la fiscalización es uno de los más polémicos, derivado de la última elección presidencial, en la que los siete partidos nacionales fueron multados con un monto global de 340 millones de pesos por rebasar los topes de campaña.
En la reforma político-electoral, que necesita el aval de 17 congresos estatales para consumarse, se decreta la desaparición del IFE y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, con esa medida, suborganismos como la Unidad de Fiscalización también desaparecerán.
Con esa decisión, los cuatro consejeros alertaron que los partidos políticos estarán facultados para formar parte activa de las auditorías e investigaciones sobre sus estados financieros, que antes eran reportados a la Unidad de Fiscalización y ésta emitía un reporte al Consejo General.
Ahora, será el Consejo General, integrado por representantes de las siete fuerzas políticas nacionales y del Poder Legislativo, la que se encargue de llevar a cabo todo el proceso de revisión de gastos y estados financieros.
La opacidad sería la marca de la reforma porque “se plantea que un órgano integrado por los propios sujetos a fiscalizar sea el responsable de realizar la fiscalización”, según un documento elaborado por los consejeros del IFE.
ROMPE CON SECRETO BANCARIO
Una de las “incongruencias” aprobadas en la reforma político-electoral es el aval para que entre los partidos se rompa con los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales, pues en las sesiones públicas se discutirían los estados de cuenta de las fuerzas políticas.
A juicio del IFE, la medida “pone en riesgo la reserva de ley que deben tener las investigaciones, provocará que el ejercicio de superar los secretos mencionados, al discutirse públicamente, pongan en riesgo la adecuada conducción de las indagatorias y la confidencialidad que caracteriza la información protegida por éstos”.
El Instituto Federal Electoral, que en los últimos días ha realizado severas críticas a la reforma aprobada por los senadores y diputados, manifestó que se establece delegar la función de fiscalización a un órgano técnico designado por el Consejo General del INE; sin embargo, operaría en la opacidad pues no se garantiza su “autonomía ni especialización” para auditar a los partidos.
“La falta de claridad abre la posibilidad de que los partidos políticos puedan incidir en las investigaciones sobre los procesos de fiscalización y los procedimientos sancionadores derivados”, refirieron los consejeros electorales en un diagnóstico enviado a Los diputados y senadores.
Otra de las cuestiones atentan contra la rendición de cuentas de los partidos, explicaron, es que el recién creado Instituto Nacional de Elecciones “se encargue, a petición del partido, de realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios genera un régimen financiero diferenciado entre los partidos políticos, incierto y riesgoso”.
De acuerdo con el IFE, al trasladar al órgano fiscalizador la responsabilidad de pagos a proveedores y servicios, “generará como efecto que se les releve de su obligación de una adecuada rendición de cuentas”.